Todo esto huele a basura.

Definitivamente la lucha de los habitantes de Loma Grande por tener un ambiente sano se está convirtiendo en un anhelo efímero. 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Hecha la ley, hecha la trampa. En el colegio conocí a un estudiante que acusaba al profesor con el papá cuando presentaba un examen y sabía que el resultado sería negativo. Antes de recibir la evaluación se adelantaba y le decía a su progenitor que el profe de tal materia se la tenía montada, y lograba con esa jugada maquiavélica ocultar su mediocre preparación. Pero la astucia no le alcanzaba para disfrazar todas sus deleznables acciones, y al final recibía el castigo del papá y el repudio de sus compañeros.

Los habitantes de la vereda Loma Grande en Montería llevan años soportando afectaciones al ambiente, con graves consecuencias para su salud, debido, según ellos, a la mala operación del relleno sanitario que funciona en su territorio. A pesar de estar privados del derecho fundamental a un ambiente sano, las actuaciones de las autoridades para remediar esta situación se podría decir que han sido anecdóticas.

La vigilancia de la operación del relleno primero estuvo a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y desde su centro de operación en Bogotá, poco o nada se ha hecho para atender y resolver los reclamos de los lugareños de la vereda, donde además de campesinos, y gente humilde, está ubicado un cabildo indígena.

El Consejo de Estado le devolvió a la Corporación Autónoma de los valles del Sinú y San Jorge CVS, la competencia para la vigilancia de relleno, y con ello la CAR se convirtió en el faro que comenzó a alumbrar el oscuro panorama ambiental en su entorno.

Precisamente la CAR señaló que en la vereda hay presencia de lixiviados, y aquí es oportuno recordar que todas las pruebas de campo que en materia de calidad de agua realiza la CVS se practican con el laboratorio de aguas de la Universidad de Córdoba, único certificado por el IDEAM en el departamento. Son estos resultados de laboratorio los que indican si es un lixiviado o no, de manera que no es un tema subjetivo, sino técnico mediante pruebas de laboratorios.

El próximo paso de la CAR es informarles a los ciudadanos quien es el responsable de esos lixiviados, si es URBASER, operador del relleno actual o el municipio de Montería, encargado del antiguo botadero de basuras.

Desde el pasado 8 de abril la CVS le adelantó cargos tanto al Municipio como a URBASER, y en estos momentos están en la etapa de descargos. Algo seguro es que la CAR tiene los estudios suficientes y el acervo probatorio para de fondo saber quién está generado esos lixiviados.  Sin embargo, recordando al alumno que acusaba al profesor cuando sabía que iba a perder el examen, URBASER recusó al director y subdirector de Gestión Ambiental de la CAR, y con ello logró meter en el congelador las acciones administrativas que venía adelantando la CVS. Eso huele a basura.

URBASER está montado en un tinglado jurídico para derribar todas las acciones que se adelanten contra la operación del relleno. Esa actitud soterrada del concesionario de las basuras de Montería indignó a la comunidad de la vereda Loma Grande, quienes decidieron pedirle al Defensor del Pueblo en Córdoba, Ricardo Madera, acompañamiento permanente y directo para hacerle seguimiento a las medidas adoptadas por el Tribunal Administrativo de Córdoba, porque temen que se sigan utilizando artimañas para no dar cumplimiento a la ordenado por dicha Tribunal  (reducir en 40% el ingreso diario de desechos al relleno y “ordenar al municipio de Montería y a URBASER actividades tendientes a suspender el vertimiento de aguas negras (presuntamente lixiviados), con destino al caño El Purgatorio”.

Después que Montería estuvo al borde de una crisis sanitaria por cuenta de un bloqueó a la entrada al relleno, lo cual evitó durante 4 días el acceso al mismo de los carros compactadores de basuras, se esperaba una actitud más propositiva de URBASER. Pero resulta indignante y desalmado que el operador del relleno utilice todo un arsenal jurídico para eludir las acciones de la CAR mientras el daño ambiental sigue socavando la paciencia de los habitantes de la vereda. Eso huele a basura.

Entidades alcahuetas, tecnicismos jurídicos, y organismos de control ineficientes, han permitido un daño ambiental inconmensurable, no solamente en la población de Loma Grande, sino en otros municipios, hacia donde quebradas y canales arrastran sus aguas contaminadas de lixiviados. Definitivamente la lucha de los habitantes de Loma Grande por tener un ambiente sano se está convirtiendo en un anhelo efímero.   

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