La Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg) hizo dos advertencias importantes sobre el sistema energético del país.
En primer lugar, Alejandro Castañeda, presidente de la asociación, anticipó un aumento en las tarifas de energía de hasta 35 pesos por kilovatio hora a partir de junio. Este incremento se debe a decisiones tomadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en abril para obligar a las plantas termoeléctricas a operar a máxima capacidad, en respuesta a la situación crítica causada por el fenómeno de El Niño.
Castañeda explicó que «esa generación forzada aumentó las restricciones, lo que estamos viendo nosotros es que, más o menos, se pasaron de restricciones cercanas a los 1.000 a 2.000 millones de pesos día a unos casi 40.000 millones de pesos hacia finales de abril». Dicho sobrecosto se distribuirá entre todos los usuarios de energía eléctrica del país.
«Este incremento se verá reflejado en la factura que llegue en mayo o junio, según el ciclo de facturación de cada usuario», añadió.
Por otro lado, Andeg expresó su preocupación por la posibilidad de un racionamiento energético en los próximos años. Según proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética, podría haber un déficit del 4% en la oferta de energía frente a la demanda proyectada para el periodo 2027-2028.
«Lo que estamos viendo es que hay un déficit de energía firme, eso quiere decir que no contamos con la suficiente energía firme para poder garantizar a los usuarios que podríamos pasar un Fenómeno de El Niño o un verano normal», afirmó Castañeda.
Para mitigar este riesgo, se necesitarían aproximadamente 1.500 megavatios de nueva capacidad instalada. La Andeg instó al gobierno a realizar dos nuevas subastas de energía: una de reconfiguración, para identificar y comprometer la energía sobrante de los agentes del sistema, y otra de expansión de cargo por confiabilidad, similar a la realizada en febrero de 2024.
Castañeda también destacó que las decisiones regulatorias en abril, aunque necesarias para garantizar el suministro, fueron adoptadas sin un análisis exhaustivo de costos y beneficios, lo que ha generado un impacto económico para los consumidores en todo el país.
«Se tomaron sin mucho análisis costo-beneficio, sino simplemente diciendo que se debían prender más plantas térmicas», concluyó.