Legalmente, Rubén Tamayo se inscribió a nombre del partido Conservador y como por arte de magia apareció coavalado por Cambio Radical (presuntamente fraudulento)
En Planeta Rica consideran que hay un testimonio contundente y que es la prueba reina, para que la Fiscalía General de la Nación, agilice la investigación por la denuncia de irregularidades registradas durante el proceso de inscripción del entonces candidato a la Alcaldía, Rubén Tamayo Espitia.
De acuerdo al portal Política Virtual, la acción presentada a mediados del mes de octubre del 2019 contra personas indeterminadas, fue impetrada por Mónica Mendoza Barrera, quien durante la etapa de inscripción de aspirantes a cargos de elección popular el año anterior, fungió como encargada de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Planeta Rica.
El citado medio señaló que de acuerdo con lo señalado por la denunciante, durante el periodo de modificaciones comprendido entre los días 29 de julio al 2 de agosto de 2019, Rubén Tamayo Espitia, no se presentó a realizar ningún tipo de modificación a su inscripción.
Asimismo , -señala Política Virtual-, Mendoza Barrera, dijo a las autoridades judiciales que vencido el término de tiempo para ello y al no haberse presentado modificación alguna, la Registraduría Nacional del Estado Civil, validó el proceso de inscripción de Rubén Tamayo Espitia, en calidad de aspirante a la alcaldía e inscrito solo con el aval del partido Conservador.
Mendoza Barrera, también fue enfática en afirmar que la persona que manipuló los documentos aludidos fue, Aura Rosana Jaramillo Fernández, quien además gozaba de la confianza de la entonces Registradora Municipal de Planeta Rica.
El cambio de documento de aval por parte de Jaramillo Fernández, y de acuerdo con la denuncia, tipifica el delito “falsedad ideológica en documento público”, contemplado en el Código Penal, en el cual se fundamenta la solicitud para que se agilice la investigación, afirmó el citado medio virtual.
La exigencia a las autoridades penales se basa además, en que una instancia como el Tribunal Administrativo de Córdoba, en la parte civil, admitió demanda de nulidad por los hechos señalados y sería un aporte significativo a dichos procesos las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, además del castigo a quienes tengan responsabilidad directa o indirecta en lo denunciado, concluyó el medio Política Virtual.