Las madres comunitarias siguen peleando sus derechos en los estrados judiciales, y tras un fallo de la Corte Constitucional que ordena el pago de salarios y prestaciones sociales a un grupo de estas servidoras, y el cual aún no ha sido acatado por el ICBF, ahora el sindicato de la madres presentó un incidente de desacato para exigir el cumplimiento del fallo.
El abogado Juan Pablo Mantilla, coordinador del equipo Jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SINTRACIHOBI, instauró un incidente de desacató con el que buscan que el Estado reconozca el pago de pensión y seguridad social a 106 madres comunitarias.
De acuerdo con Mantilla, la acción judicial podría resultar en privación de la libertad de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Cristina Plazas, o en altas multas.
“La tutela fue notificada al ICBF el 13 de diciembre de 2016 y el plazo perentorio para su cumplimiento, que es de un mes, ya venció”, dijo Mantilla.
La decisión de la Corte Constitucional se encuentra en firme y es de obligatorio cumplimiento para el ICBF. La acción judicial debe ser decidida en los próximos 10 días.
Esta jurisprudencia, que beneficia inicialmente a 106 madres, podría llegar a cobijar a cerca de 120 mil mujeres que atienden niños y jóvenes, con un pago ascendería a 29 billones de pesos en total.