Durante tres días se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, el VIII Foro del Frente Parlamentario cintra el Hambre de A. L. y el Caribe.
Los coordinadores de los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe, se dieron cita en Montevideo, Uruguay, en el VIII foro que los convoca para compartir, analizar y fortalecer las estrategias, que desde las distintas naciones se encaminan para combatir este flagelo que impacta de manera negativa a las poblaciones menos favorecidas. La representación de Colombia estuvo en cabeza de la senadora conservadora, Yamina Pestana Rojas.
En su presentación ante los coordinadores y asistentes al foro, la Senadora habló sobre los avances que en la materia se han logrado en el país, gracias al impulso que se le ha dado desde el Congreso a distintas iniciativas que buscan garantizar el acceso a fuentes de alimentación a las comunidades más vulnerables, advirtiendo también sobre las preocupantes cifras de menores fallecidos en distintas regiones del país en 2015 por causas asociadas con el hambre.
En aras de buscar mecanismos y herramientas que apunten a salvaguardar los recursos destinados a nivel regional para programas de seguridad alimentaria, la senadora Pestana explicó que mediante un proyecto de ley se pretende fortalecer las sanciones para quienes malversen dichos recursos al agravar las conductas penales de peculado.
«Entendemos la necesidad de fortalecer la prevención del delito con mecanismos diferentes al castigo, pero no podemos negar que esto servirá como herramienta para el cumplimiento de todos los proyectos que desde este frente se han adelantado. Esperamos que la manifestación de este agravante en nuestro sistema penal genere un principio axiológico, al establecer un agravante sobre una conducta generadora de reproche social», señaló.
Hizo referencia también al apoyo hacia los pueblos indígenas en su decisión de rechazar la comercialización e intercambio de productos transgénicos en sus territorios. «Estas determinaciones de nuestros pueblos originarios, previa discusión con ellos, deben ser elevadas a la categoría de políticas públicas como pilar fundamental de la inclusión efectiva, de respeto hacia el sistema de gobierno propio y de autodeterminación alimentaria de las diferentes comunidades para que se reconozcan sus tradiciones en la materia», sostuvo la Senadora.