El artículo 44 de la Constitución Política define como derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la alimentación equilibrada, entre otros, y resalta que son la familia, la sociedad y el Estado los llamados a asistir, proteger y garantizar sus derechos, por lo que «cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores».
Dando cumplimiento a este mandato constitucional y amparada en la legislación nacional e internacional que promueve la garantía de los derechos de los niños, la senadora conservadora, Yamina Pestana Rojas, radicó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales para los delitos de peculado cuando los bienes que estén destinados a adelantar, ejecutar o investigar, programas de seguridad alimentaria, sean malversados.
Actualmente los delitos en los que pueda incurrir una persona que malverse recursos destinados a programas de seguridad alimentaria, se definen dentro de la categoría de delitos relacionados con la administración pública, es decir no existe un tipo penal específico que castigue este tipo de comportamientos.
Tomando como referencia las dolorosas cifras de muertes relacionadas con la desnutrición infantil, la senadora Yamina Pestana explicó que con el proyecto lo que se busca, además de darle herramientas precisas a las autoridades competentes, es «generar un principio axiológico, una especie de reproche social desde el orden jurídico y destacar el carácter sagrado que reviste la alimentación».
La Congresista resalto que ha sido «la comunidad indígena la que ha puesto el mayor número de muertos por este flagelo inhumano que es el hambre, hecho que nos agobia mucho».
Teniendo en cuenta lo anterior, en la iniciativa de la senadora Pestana Rojas, se propone aumentar a la mitad las penas para los delitos que van en contra de la administración pública (peculado por apropiación, peculado por uso y peculado por aplicación oficial diferente), esto cuando los bienes sobre los que recae la conducta punible, estén destinados a atender temas relacionados con la seguridad alimentaria.
El proyecto fue presentado por la Senadora en compañía de los representantes liberales Andrés Felipe Villamizar y Harry González García.