“El congresista le solicitó a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, como garantes del acuerdo suscrito entre madres comunitarias y el ICBF que se realice un acompañamiento en este proceso de contratación con el fin de garantizar el debido proceso”.
En carta dirigida a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi y con copia al Procurador General, Fernando Carillo Flórez, y al Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, el segundo Vicepresidente del Senado, Alexander López Maya, señaló que ha recibido constantes quejas de madres comunitarias agremiadas en asociaciones de padres, en las cuales solicitan con extrema urgencia su intervención en la garantía del debido proceso de contratación que se está adelantando para el período 2020 a través del Banco Nacional de Oferentes.
El congresista advirtió que las asociaciones que venían contratando con el ICBF en la presente y pasada vigencia contractual, hoy están siendo excluidas para seguir contratando, a pesar de no encontrar ningún error en la administración de los recursos asignados en las contrataciones pasadas.
López Maya, recordó el compromiso suscrito por el ICBF con las madres comunitarias, establecido en el Acta de Acuerdo de 2016 en el punto 15, el cual advierte “Para la modalidad comunitaria el ICBF celebrará contratos de aporte preferencialmente con las asociaciones de madres comunitarias y padres usuarios de los programas de los hogares comunitarios de bienestar, desde el 1 de noviembre de 2016 y hasta el mes de julio de 2018. De igual forma el ICBF podrá contratar con esas mismas asociaciones, servicios en las modalidades institucional y familiar”.
Por lo anterior, el congresista le solicitó a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, como garantes del acuerdo en mención, que se realice un acompañamiento en este proceso de contratación con el fin de garantizar el debido proceso.