La Contraloría General de la República consideró que la propuesta presidencial de destinar “por una sola vez” los saldos no ejecutados del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, $1.5 billones, para la rehabilitación de vías terciarias no se justifica, cuando el Sistema General de Regalías presenta problemas de fondo que deben debatirse y resolverse con urgencia:
Los manejos indebidos que se siguen dando con estos dineros, las inversiones en obras que terminan siendo inservibles; los problemas de pertinencia de muchos proyectos; y los altos saldos en la Tesorería de la Nación ($5,7 billones) por cuenta de la lentitud en la aprobación de los proyectos y en la ejecución de los mismos.
El gobierno nacional ha anunciado una reforma constitucional al Sistema General de Regalías, SGR, para que se permita “por una sola vez” que los saldos no ejecutados del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se puedan destinar a la financiación de vías terciarias del país. La cifra de la que se habla es de $1.5 billones.
Bienvenida una reforma al SGR, pero en la dirección de buscar corregir las grandes fallas del mismo. El gobierno va a “abrir una caja de pandora” con el único propósito de acceder a $1,5 billones para apoyar la construcción de 3.000 kilómetros de vías terciarias, sostiene la CGR, cuando existen problemas de pertinencia de los proyectos, eficiencia y eficacia del SGR, así como de uso indebido de los recursos, que deberían estar en la agenda de tal reforma.
Para la Contraloría, la problemática sobre la pertinencia de las inversiones que se realizan con los recursos de regalías, y la dispersión de los recursos en gastos de diverso orden, abren un interrogante sobre el funcionamiento general del SGR y, en particular, acerca del papel que están desempeñando los OCAD en cuanto a la efectividad de sus decisiones; asunto que compromete a los gobernantes locales y también a autoridades del orden nacional.
“En este contexto, pretender reformar el SGR sólo para apalancar la inversión de $1,5 billones en vías terciarias, cuando el SGR evidencia problemas tan de fondo no parece procedente”, insiste la Contraloría.
Con una mejor asignación de los recursos por parte de los OCAD se lograría el mismo propósito de aumentar de manera significativa la inversión en vías terciarias.
En distintas oportunidades, la CGR ha señalado que inversión que se realiza con regalías en vías terciarias es relativamente baja; y podría ser mayor si las decisiones en los OCAD garantizaran mayor pertinencia de los proyectos que se aprueban.
Ejemplo de lo anterior son las siguientes cifras:
La suma de inversiones como, construcción, adecuación y remodelación de parques, canchas y polideportivos y en general obras de infraestructura comunitaria, cultural y equipamientos administrativos -que además se financian a través de distintos sectores-, se calcula en $1.7 billones, en cerca de 1.500 proyectos, entre 2012 y 2016. Es decir un valor superior tanto al que se destina a vías terciarias; como al que se pretende aumentar en estas mismas, a través de la reforma al SGR.
Por tanto, la CGR ha señalado que esos gastos no deberían ser financiados con recursos de regalías, sino con otras fuentes de ingreso.
La CGR ha llamado insistentemente la atención en que gastos como éstos corresponden a obras que están lejos de contribuir a generar transformaciones de fondo en los territorios o en la población, y en cambio constituirán gastos corrientes a futuro, por lo cual, además, hay un alto riesgo de que muchas de ellas no sean sostenibles en el tiempo.
Entre tanto, a diciembre de 2016, la inversión en vías terciarias era de $1,5 billones. Cabe anotar que la distribución sectorial de los proyectos financiados con regalías en los departamentos y municipios muestra que el 34% son vías, por un valor de $7,5 billones (3.384 proyectos). En la red secundaria se invierten cerca de $2,5 billones y en la red urbana $2,6 billones.
Los análisis que ha realizado la CGR indican que la priorización del gasto en vías urbanas es bastante alta especialmente en los municipios, lo cual reflejaría la decisión de los gobernantes locales por satisfacer demandas más inmediatas, que les permiten la conquista de réditos políticos a más corto plazo.