Recientemente el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, anunció que revisará a profundidad cada uno de los procesos de revocatoria del mandato que están en marcha en el país. Si bien el magistrado señalaba que era necesario aclarar la legitimidad y legalidad de los movimiento revocatorios, el pronunciamiento generó incertidumbre en algunos sectores de la sociedad.
Si bien el caso más sonado es del relacionado al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también hay movimientos ciudadanos para derogar al gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, y a los alcaldes de Bucaramanga, Rodolfo Hernández; Cartagena, Manuel Vicente Duque; Neiva, Rodrigo Lara Sánchez; Pereira, Juan Pablo Gallo; Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, El Socorro (Santander), Alfonso Lineros Rodríguez, y de San Benito Abad (Sucre), Agustín Francisco Villarreal González.
Al respecto, el senador Juan Manuel Galán, destacó que lo importante con este mecanismo, reglamentado por la Ley 1757 de 2015, es que no haya abusos y que no se confunda la impopularidad de algunos mandatarios con la mala gestión. “Mandatarios impopulares hay muchos, y eso no quiere decir que sean malos, la impopularidad no es sinónimo de deshonestidad, ineficiencia e incapacidad y, muchas veces, las revocatorias se montan sobre olas de impopularidad y con populismo para fines políticos”, aseguró el senador Galán.
En ese sentido, por ejemplo, la impopularidad del alcalde Peñalosa, según la última encuesta de la firma Gallup, es del 75% de los capitalinos que desaprueban su gestión, mientras que solamente el 22 destaca su trabajo. Las cifras se vuelven preocupantes para el mandatario y su gabinete, si se tiene en cuenta que avanza la recolección de firmas de cuatro grupos promotores de revocatoria su mandato.
Para el senador del Polo Democrático, Alexander López, la revisión que plantea el Consejo Nacional Electoral tiene sentido si ésta es para sacar adelante los procesos y no para ponerle trabas. Respecto al escenario planteado en Bogotá con Enrique Peñalosa, el legislador aseguró que la revocatoria es absolutamente necesaria.
“Peñalosa ha venido generando un malestar muy grande en los bogotanos, es cierto que el ganó las elecciones, pero es cierto también, que los bogotanos no son solamente las 700 mil que votaron por él, en esta ciudad viven casi 9 millones de personas que finalmente tienen un gran descontento y en esa lógica tienen derecho a expresarse”, señaló López.
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, ha habido más de 150 intentos de revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores. Una de estas, también fue contra el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en 1998. Para la ocasión, el comité revocador no cumplió con las firmas requeridas. Otro caso, y tal vez uno de los más sonados, fue el del ex alcalde Gustavo Petro, cuyo proceso llegó sólo hasta el aval de las firmas por parte de la Registraduría, pues en el camino se atravesó su destitución del burgomaestre por parte del entonces procurador Alejandro Ordoñez.
Por lo anterior, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, hace un llamado a la ‘economía procesal’: “Yo creo que hay unos mecanismos de participación popular, uno de ellos es la revocatoria del mandato, pero en todos los procesos, puede haber regulación, revisión y auditoría; si el Consejo Nacional Electoral, siente que es necesario hacerlo (revisar los procesos), yo creo que va por buen camino, porque son procesos costosos que siempre fracasan”.
Opinión diferente expresó la representante a la Cámara, Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde. Para la congresista, el anuncio del Consejo Nacional Electoral suena a una jugada de abuso de poder para obstruir los procesos legítimos impulsados por la ciudadanía.
“Personalmente tengo reservas sobre el mecanismo, yo no estoy recogiendo firmas de revocatoria para ninguna parte del país, pero que el Consejo Nacional Electoral, que tiene tanto por hacer, que le queda grande vigilar los gastos de campañas y demás, se ponga ahora a interferir en esos mecanismos, huele a que gente muy poderosa no quiere que haya proceso de revocatoria”, argumentó la representante.
De esta manera queda nuevamente servida la discusión si se estrena o no la figura de revocatoria del mandato contemplada y reglamentada por la Ley Estatutaria 1757 de 2015.