“30% de madres tradicionales aún no han sido contratadas en Córdoba”
Una carta firmada por los alcaldes de Valencia, José Gómez Ramos y de Tierralta, Fabio Otero Avílez, donde le hacen un duro reclamo a la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, por que la directora regional encargada en Córdoba, Ligia Mercedes González, se ha negado a atenderlos en dos oportunidades, aceleró la renuncia de esta última funcionaria al ICBF y de paso a sus funciones en el departamento.
La molestia de los dos alcaldes de Córdoba con la directora regional encargada, es solo un ingrediente más del caos en que se encuentra dicha institución en el departamento, cuyo proceso de selección de operadores de los diferentes programas, ha sido deficiente, lo cual afecta al 30% de madres comunitarias que aún no han sido contratadas, incluyendo unas que están embarazadas, y tiene sin el servicio de los diferentes programas a muchos niños.
Algunos de los nuevos operadores que no son de Córdoba aún no han podido cumplir con el suministro de alimentos, y otros lo están haciendo de forma irregular, violando normas en el transporte de alimentos y utilizando productos que no cumplen con una clausula del contrato, donde se exige que los mismos deben tener en sus empaques información relacionada con el mismo, como valor nutricional, marca, registro y otros aspectos.
Madres comunitarias señalaron a los funcionarios del ICBF en Córdoba, Amaury Romero y Rubi Borja, quienes asesoraron a la directora encargada, como responsables de haber excluido de la operación de programas a cooperativas y asociaciones de madres y padres, que nunca habían tenido quejas y que por el contrario invitaron a contratar a fundaciones como Las Golondrinas, la cual resultó mal evaluado en el informe de supervisión que realizó el mismo instituto.
El caos en Córdoba originado por la mala administración de la directora regional encargada del ICBF, es tan grande, que a estas alturas muchos hogares de bienestar no saben quiénes son sus operadores, y la Universidad Metropolitana que vino de Barranquilla a operar unos CDI, tiene trabajando a madres y empleados, sin aún haberles firmado contratos.
Ante este panorama, a Ligia Mercedes González Forero, no le quedaba otra salida, sino la renuncia.