Supersalud pide a Corte Constitucional, intervenir para proteger la vida de ese número de indígenas.

Es oportuno recordar que en marzo de 2017, la Supersalud ordenó la liquidación de Manexka después del hallazgo de serias anomalías. Manexka interpuso acción de tutela y el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó a la Supersalud suspender la medida y reintegrar a los afiliados de la EPS indígena.

Según Supersalud, esta decisión judicial pone en riesgo la vida de 210.000 indígenas que, según la orden judicial, se deben reintegrar a una EPS que no está en capacidad de asegurarlos de manera adecuada y segura.

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo y el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera, se pronunciaron  sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordena a la Supersalud hacer efectiva la devolución de los afiliados a la EPS indígena Manexka.

En marzo de 2017 la Supersalud ordenó la liquidación de Manexka, después del hallazgo de serias irregularidades, entre ellas, ausencia de vacunación en niños, tasas elevadas de mortalidad materna y de menores y pacientes con enfermedades de alto costo sin atención. Adicionalmente, se evidenciaron diversas figuras a través de las cuales se desviaban recursos del sistema de salud.

La Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Manexka, interpuso acción de tutela en contra de la resolución de liquidación de la Superintendencia Nacional de Salud, argumentando que incumplió la normatividad especial de traslado de afiliados indígenas.

Mediante fallo de 2 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, concedió la tutela y le ordenó a la Superintendencia suspender los efectos de la Resolución. Esta decisión, que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, implica la devolución de los afiliados indígenas a la EPS Manexka, a pesar de la existencia de serias irregularidades en el servicio y funcionamiento de la misma.

«Acataremos la orden, pero  debo advertir, como lo hemos hecho durante todo este proceso, que aquí está en riesgo la vida de las 210.000 personas que debemos reintegrar a una EPS que no está en capacidad de asegurarlos de manera adecuada y segura», afirmó el Superintendente de Salud.

«Nos inquieta que, a pesar de haber documentado ante el Tribunal de Córdoba, en diferentes oportunidades, las irregularidades encontradas en Manexka, la información parece no haber sido valorada en ninguno de los fallos proferidos», aseguró Luis Guillermo Vélez.