Desde Europa la ministra de Minas y energía, Irene Vélez, señaló que se está evaluando un cambio en la fórmula con la que se establecen los precios de la gasolina, para equiparar el precio internacional con el que rige en el territorio nacional.

En este sentido, la jefe de esa cartera, indicó que el país establece el precio del petróleo tomando como referencia el valor internacional, aún cuando “somos productores y más o menos el 50% de nuestra gasolina es nacional”.

Por esto, apuntó que “creemos que no tiene total sentido que el 100% del precio de la gasolina se tase con el precio internacional. Eso lo vamos a revisar en la metodología”.

Tras este anunció, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, destacó que esta sería una forma indirecta de mantener el subsidio, puesto que el galón de combustibles líquidos no estaría a un valor de mercado.

“Entre más haya un precio ficticio, el consumo es más ineficiente. El costo más alto implica un consumo más racional”, señaló.

Esto iría en contra de la política de gobierno de la transición energética, para lo cual se deberían eliminar los incentivos al consumo de estos combustibles más contaminantes.

A esto se suma que se afectarían los resultados de Ecopetrol, que estaría ahora obligado a vender a un precio fuera del mercado para el consumo interno, subsidiando a costa de sus utilidades a los consumidores de gasolina y diésel.

Cabe recordar que según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el 70% de los consumidores de estos carburantes son los estratos más altos, por lo que es un impuesto regresivo.

Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, explicó que “afectará negativamente las utilidades de la compañía, así como sus inversiones, generando pérdidas para los inversores minoritarios (11%)”.

Durante 2022, de acuerdo con los resultados financieros de Ecopetrol, un componente principal de sus resultados históricos se explicó por el precio del barril de crudo. Los ingresos adicionales por el mayor precio del hidrocarburo sumaron $37,7 billones a la empresa estatal.

Esto, según Vera también impacta a las regiones que reciben regalías de la producción de hidrocarburos, así como los ingresos a la Nación por concepto de impuestos y dividendos de la petrolera.