La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, junto con el Ministerio de Justicia, la Alta Consejería para el Posconflicto y la Gobernación de Córdoba, socializaron el programa de justicia local para una Paz Sostenible. En el marco del evento, dialogamos con Huber Ariza Rueda, secretario privado del despacho del Procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
La Ventana: ¿Cuál es el papel del Ministerio Público en este escenario?
HA: Se presentó en Montería el programa de justicia local para una paz sostenible, donde vinieron varios representantes del Estado, así como organizaciones interesadas en el tema, y se les presento el programa a las organizaciones de derechos humanos, a los jueces, a los miembros de la administración pública del departamento y a los alcaldes de varios municipios.
Básicamente la Procuraduría vino a presentar la directiva de derechos humanos para proteger a los defensores de derechos humanos y reiterar en el mensaje del Procurador, Fernando Carrillo Flórez, su compromiso con la defensa de la vida de quienes defienden los derechos humanos.
LV: Hablemos de esa directiva.
HA: La Procuraduría presento al país la directiva 002 de 2017 en defensa a los defensores de derechos humanos, que lo que busca es protegerlos, reconocer sus derechos constitucionales para defender sus ideas y traza una ruta para que el Estado en su conjunto trabaje y proteja a estos actores sociales.
Es una directiva que ha contado con un gran respaldo de las organizaciones sociales de derechos humanos y también de cooperación internacional; estamos haciendo todo el trabajo de implementación de esa directiva precisamente con el acompañamiento de USAI D y con el de otras organizaciones y entidades que quieren sumarse a esta lucha por garantizar que quienes defienden la vida también tengan la garantía de poder actuar.