La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, encontró que en los barrios el Recreo, la Castellana y Monteverde, al parecer por el mal uso de la herramienta de planificación denominada planes de implantación, a través de los cuales se realizaron compensaciones que presuntamente no se encontraban legalmente reglamentadas en el municipio.
Por: Mauricio Castilla Castro.
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El ciudadano Alberto Castellanos Corredor, por medio de un correo electrónico del 13 de septiembre de de 2017, le hizo llegar al Procurador Regional de Córdoba el informe final de la auditoría especial practicada por la Contraloría Municipal de Montería el 6 de mayo de 2016, en la Secretaría de Planeación de Montería, vigencia 2015.
El informe fue reenviado por Nicolás Barguil Flórez, Procurador Regional de Córdoba al Procurador General de la Nación y al Viceprocurador General, quien lo remitió a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 15 de septiembre de 2017, con fundamento en la competencia asignada por el PGN Fernando Carrillo a dicho despacho, por medio de la cual dicha procuraduría delegada fue designada como funcionaria especial para conocer los procesos sobre temas de ordenamiento territorial a nivel nacional.
Hallazgos con incidencia disciplinaria.
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, encontró que en los barrios el Recreo, la Castellana, Monteverde y demás barrios donde se presentaron tales situaciones, referente a la posible inobservancia de disposiciones legales generales obligatorias en materia urbanística, al parecer por el mal uso de la herramienta de planificación denominada planes de implantación, a través de los cuales se realizaron compensaciones que presuntamente no se encuentran legalmente reglamentadas en el municipio.
Dicha Procuraduría recordó que “indicaron los auditores de la Contraloría que el municipio de Montería ha autorizado planes de implantación con mayores alturas, por índice de ocupación y construcción y por usos del suelo. Se localizan especialmente en los barrios El Recreo, La Castellana y Monteverde, y la mayor parte de ellos fueron elaborados por el constructor del mismo proyecto urbanístico y aprobados por la Secretaría de Planeación, con fundamento en la Resolución 4032 de 2004, cuya norma no cuantificó criterios ni fórmula cuantitativa para determinar la compensación urbanística”.
La Procuraduría encontró que la mayoría de los planes fueron aprobados por la Secretaría de Planeación, mediante actos administrativos que aparentemente no estaban legalmente motivados, sin análisis de los componentes técnicos y jurídicos para determinar la compensación que se ordenaba en cada caso, generándose, según el grupo auditor de la Contraloría, desproporción entre las compensaciones autorizadas en los diferentes proyectos.
Decisión.
Tras una exhaustiva investigación la Procuraduría Delegada `para la Moralidad Pública, resolvió formular cargos contra Carlos Montoya Baquero, exsecretario de Planeación, por la probable comisión de una falta disciplinaria calificada provisionalmente como GRAVÍSIMA atribuida a titulo de DOLO.
Asimismo, formuló cargos contra Lila María Esquivel Rubio, en su calidad de Curadora Urbana Segunda de Montería, por la probable comisión de una falta disciplinaria calificada provisionalmente como GRAVÍSIMA atribuida a título de DOLO.