Resulta difícil entender, que tras un alcalde haberle ocasionado costos al municipio cercanos a los 20 mil millones de pesos, por errores o negligencias en actos administrativos, Carlos Eduardo Correa, en su gobierno, no haya solicitado una acción de repetición contra el hoy mandatario Marcos Daniel Pineda García.
Mor. Mauricio Castilla.
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Muchas acciones administrativas del primer gobierno del actual alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, le significaron onerosos pagos por demandas al erario público, recursos que al final pagan todos los habitantes de la ciudad, y la pregunta que ronda en los medios políticos es, ¿por qué no hay acciones de repetición contra el actual mandatario de los monterianos?
La mejor descripción sobre acciones de repetición la definió en una columna del periódico El Espectador, el hoy ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado: Cuando como consecuencia de acciones intencionales o imprudentes de servidores públicos se afectan derechos de particulares suelen presentarse demandas contra el Estado, muchas de las cuales conducen a condenas económicas en contra de entidades gubernamentales.
Como cada vez, -continúa el ministro- que una entidad oficial es condenada a pagar indemnizaciones lo hace con dineros oficiales, en el fondo somos los contribuyentes quienes con nuestros impuestos compensamos a las víctimas de servidores públicos que por descuido o de manera voluntaria afectan derechos ciudadanos.
Por esta razón está legalmente previsto que cuando el Estado sea condenado como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios, debe iniciar una acción de repetición en contra de éste último para que con su patrimonio reintegre a la Nación lo ya cancelado con dineros públicos, concluye el ministro.
Resulta difícil entender, que tras un alcalde haberle ocasionado costos al municipio cercanos a los 20 mil millones de pesos, por errores o negligencias en actos administrativos, el mandatario del pasado gobierno, Carlos Eduardo Correa, no haya solicitado una acción de repetición contra el hoy mandatario Marcos Daniel Pineda García.
El Concejo se lava las manos.

Los concejales de Montería, coadministradores del municipio se han excluido del tema, nunca le plantearon un debate al entonces alcalde Carlos Eduardo Correa, sobre las pertinentes acciones de repetición necesarias para recuperar los recursos públicos que el gobierno municipal gastó en el pago de las mencionadas demandas.
La demanda de la empresa Parques Nueva Montería.
Recordemos que el primer gobierno de Marcos Daniel, decidió terminar de manera unilateral el contrato de concesión que tenía la Alcaldía de Montería con la empresa Parques Nueva Montería, el cual debía terminar en el año 2028. En enero de 2011, un Tribunal de Arbitramiento ordenó el pago al municipio de Montería por 3 mil 300 millones de pesos, cifra que fue ratificada en última instancia por el Consejo de Estado. De esa forma se le puso punto final a un litigio que se inició a principios del 2008 cuando la Administración Municipal de la época liquidó el contrato de concesión.
El lío con los recicladores.
Son al menos103 recicladores del antiguo basurero a cielo abierto de Montería, los que ganaron un pleito jurídico a la Alcaldía de Montería, por el cual de los bolsillos de los monterianos estamos condenados a pagar 10.000 millones de pesos por orden del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.
Dice la sentencia, que los recicladores fueron objeto de violaciones de su derecho al trabajo e incumplimiento en compromisos de reubicación y alternativas de empleo. El caso se remonta al 2007, cuando el gobierno municipal de Montería decidió cerrar el basurero a cielo abierto en la vereda Loma Grande en las afueras de la ciudad.
Tras la clausura del lugar, los recicladores que derivaban su sustento y el de sus familias con el manejo de las basuras, fueron sacados con la promesa de ser reubicados en cooperativas de recicladores. Tras varios meses de incumplimiento, y debido al mal trato por parte de la administración de Marcos Daniel Pineda, los trabajadores del basurero instauraron una acción de grupo ante la justicia, pidiendo la restitución de sus derechos.
El millonario revés jurídico condenó al entonces alcalde Carlos Correa Escaff a desembolsar más de 12 mil 600 millones de pesos a un grupo de ciento tres recicladores que interpusieron una demanda contra el municipio.
Mil millones por laguna de oxidación, otro legado del actual alcalde.
Según registra El Meridiano de Córdoba: Con 859 millones de pesos tuvo que indemnizar la Alcaldía de Montería a los propietarios de varios predios ubicados en inmediaciones a la laguna de oxidación en el sector nor-oriental de la ciudad. La acción de grupo contra la administración municipal se hizo por los perjuicios económicos causados durante 2008 y 2009 a un grupo de propietarios, que no pudieron desarrollar ningún tipo de proyecto en inmediaciones a la laguna de oxidación, pese a que el uso del suelo era mixto, es decir, comercial y residencial. Una fuente le confirmó a La Ventana que el pago estuvo por encima de los mil millones de pesos.
Trabajadores que despidió ganaron demanda.
En su primer mandato el hoy alcalde despidió a 50 trabajadores de la nómina del municipio, incluyendo 11 inspectores rurales, muchos de ellos tuvieron que ser reintegrados y además de ello pagarle millonarias indemnizaciones al municipio.
Es fácil establecer que el actual alcalde Marcos Daniel Pineda, no solicitará, en caso de ser necesaria, una acción de repetición contra el ex alcalde Carlos Eduardo Correa, quedarían a manos.