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La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio a tres exalcaldes y dos exsecretarios de Ayapel (Córdoba), por posibles irregularidades en la ejecución de contratos para vivienda de interés social y la Planta Beneficiadora de Ganado de ese municipio entre 2004 y 2007.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Seccional Córdoba, hicieron efectivas las capturas y la notificación de las medidas de aseguramiento del exalcalde de Ayapel Pedro Julio Márquez Rivera, a quien un fiscal especializado le impuso dos medidas de aseguramiento: una por posibles irregularidades cometidas en la ejecución del Proyecto de Vivienda de Interés Social Rural, efectuado para beneficiar a 37 familias de clases desfavorecidas, y la segunda por presuntas violaciones en la contratación de la Planta Beneficiadora de Ganado.

Igualmente fue notificado de la decisión el también exalcalde, Humberto Ramón Pupo Pastrana, quien fue designado por la gobernación durante ese periodo dado que Márquez Rivera se encontraba prófugo de la justicia. En este caso el exfuncionario fue asegurado por las posibles irregularidades cometidas en el proceso de contratación de Planta Beneficiadora de Ganado.

El tercer exalcalde afectado con la decisión judicial es Gustavo Adolfo Julio Martínez, entonces secretario de Obras Públicas del municipio y que fue alcalde encargado durante el 2007 por designación de Pupo Pastrana. En ejercicio de ese encargo tuvo bajo su responsabilidad la liquidación de la Planta Beneficiadora de Ganado.

La decisión judicial también cobijó a Jairo Alberto Torres Nedys, entonces tesorero de Ayapel y quien fue el encargado del desembolso del dinero de la Planta Beneficiadora de Ganado.

Igual medida fue impuesta a Jorge Luis Madrid Novoa, director ejecutivo de Asosanjorge (Asociación de municipios de la ribera del río San Jorge).

Las cinco personas fueron cobijadas con la medida de aseguramiento como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado, interés indebido en celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, adelantada bajo el sistema antiguo o Ley 600, Asosanjorge fue creada por los alcaldes de los municipios de la Rivera del Río San Jorge: La Apartada, Planeta Rica, Buenavista, Sahagún, Puerto Libertador, Ayapel y Montelíbano, con el fin de que a través de esta entidad se efectuara la contratación de las obras de estas poblaciones.

La misma indagación encontró que la contratación, para la vivienda de interés social cuyo costo ascendió a 420 millones de pesos, y la Planta Beneficiadora de Ganado por un valor de 600 millones de pesos, no se debió adelantar por convenios como se hizo con Asosanjorge, ya que estas debieron realizarse a través de licitación pública.