En el juicio contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el caso de Fidupetrol, declaró el exdirectivo de esa firma Helbert Eduardo Otero Pacheco.
En su declaración, Otero, condenado en enero pasado por el escándalo a 25 meses de prisión, dijo que nunca los abogados Víctor Pacheco ni Rodrigo Escobar le pidieron dinero para favorecer a Fidupetrol: «Que yo me enterara que uno de los abogados hablara con x magistrado para que nos ayudaran, no señor», le dijo Otero a los magistrados.
Otero dijo que nunca conoció a Pretelt hasta este jueves que se lo encuentra en juicio, y que jamás le pidieron dinero ni para Pretelt ni para ningún otro magistrado de la Corte Constitucional.
El empresario dijo que está preso por las «mentiras» del abogado Víctor Pacheco. «Él hizo un trabajo para el que se le contrató. No sé en qué momento termina diciendo esto, cuando no me consta nada de lo que él dice. Él se me arrodilló y me pidió perdón en la cárcel La Modelo y luego me dice que va a ser testigo en mi contra», afirmó.
«Lo único que pagamos fueron unos honorarios de unos abogados que hicieron su trabajo», reiteró.
Otero, quien era accionista de Fidupetrol, aceptó el delito de tráfico de influencias tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía como coautor por, según dijo, «contratar a dos abogados para que nos defendieran de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el cual fue ponente el doctor Leonidas Bustos«, decisión que condenó a Fidupetrol a pagar más de 20.000 millones de pesos.
Ante la Corte, Otero dijo que firmó el preacuerdo por tráfico de influencias, pero que
nunca lo hizo «para decir que un magistrado pidió plata a la fiduciaria, o que un empleado de la Fiduciaria ofreció plata», aseguró.
Dijo que Rodrigo Escobar fue contratado por una sugerencia de Sair Idrobo, quien les dijo que debían de asesorarse de un constitucionalista, para la etapa de la revisión de la tutela.
También afirmó que en su momento Jaime Córdoba Triviño les había ofrecido sus servicios, pero que pedía dos meses, y Fidupetrol tenía afán por lo que terminan contratando a Pacheco.
Ante los magistrados, la defensa de Pretelt entregó la constancia de una llamada entre Pacheco y Otero el 17 de octubre del 2013. Pero Otero afirmó que no fue Pacheco quien le informó de la selección de la Tutela, sino que lo hizo Camilo Mendoza y Ábel Caballero, quienes trabajaban en Fidupetrol. «No podría dar una fecha exacta de cuándo nos enteramos de eso porque no quedó ningún acta para poder validar», señaló.
La historia de la tutela
Otero dijo que ante la condena de la Corte Suprema contra Fidupetrol, el 19 de marzo del 2013, los directivos concluyeron que debían buscar un abogado reconocido y que las dos posibilidades eran Jaime Lombana -quien había llevado primero el caso ante esa corporación- y Víctor Pacheco.
Otero dijo que la gestión de Pacheco era hacer un estudio del proceso, presentar una tutela ante la Corte Constitucional y hacerle seguimiento. Afirmó que la tutela la firmó la asistente de Pacheco, Fátima Domínguez.
Dijo que Rodrigo Escobar Gil fue contratado en noviembre del 2013, tras la elección de la tutela, y que su contrato se hizo para fortalecer el tema jurídico de la Fiduciaria pues estaban al borde de una intervención de la Superfinanciera.
Dijo que Sair Idrobo fue quien les recomendó fortalecer el caso con alguien mucho más experto que Pacheco, y por eso contratan a Escobar. Contó que se reunió con Escobar y Caballero y que el exmagistrado negoció con Caballero los honorarios.
El empresario aseguró que Escobar cobró 200 milllones de pesos en honorarios para obtener unas medidas cautelares, y una comisión de éxito de 200 millones. Dijo que finalmente le pagaron 100 millones en diciembre y 100 en enero.
En el caso de Pacheco, contó que cobró primero 100 millones de pesos por honorarios y un porcentaje del 2 por ciento de la multa que les iban a cobrar si la tutela era favorable. Dijo que a finales de septiembre pidió 50 millones más de honorarios porque tenía un desgaste en el proceso.
También afirmó que Pacheco pidió después un préstamo, porque tenía unos compromisos, y la junta directiva aprueba que le presten los 100 millones. Ese préstamo se firmó como un otrosí del contrato, según dijo.
«Nos parecieron válidas sus razones para pedir el préstamo. No fue un tema distinto a eso. Fue un préstamo, un adelanto, un anticipo», dijo Otero, quien contó que Pacheco devolvió el dinero a la Fiduciaria.
El empresario afirmó que «toda esta información financiera se le entregaba a la Superintendencia Financiera», dijo.
Afirmó que la gestión de Rodrigo Escobar Gil en el proceso era dar detalles de los avances en los que venía actuando en el fallo. «Lo más importante era unas medidas cautelares para que la Superfinanciera no entrara en nuestros balances. La Superfinanciera nos comenzó a hacer un proceso de provisiones, esperando a que el fallo de tutela nos favoreciera», contó.
Dijo que la Fiduciaria era optimista en que el fallo no los declararía responsables. «El fallo no fue lo que liquidó a la Fiduciaria, sino un dictamen de Morelli del 2014. Y en octubre del 2014 sale el fallo de la Corte Constitucional que no iba con lo que los abogados habían contemplado».
Otero contó que Fidupetrol fue liquidada y el dinero se le regresó a los clientes y el resto del capital es manejado por la Fiduprevisora.
Dijo que la liquidación se dio por dos contratos del 2007 que terminaron en la condena del 2013, cuando los condenaron como terceros civilmente responsables por el caso de Carbones Likuen.
Otero agregó que buscaron solucionar el pago, que consideraban injusto pues el trabajo de Fidupetrol era de medios y no de resultados y la Fiduciaria tenía un patrimonio de 8.000 millones de pesos, por lo que les era imposible pagar el fallo.
Dijo que la única opción que la firma vio viable fue interponer una tutela ante la Corte Constitucional.
La negociación con la Fiscalía
Otero contó que la Fiscalía le propuso que aceptara el delito de tráfico de influencias y eso le daría 25 meses de prisión con los descuentos y como hizo las tres quintas partes iba a quedar en libertad.
Entre lágrimas le dijo a la Corte: «Acepté y firmé pero con la sorpresa que el 23 de enero de este año la jueza que había aceptado el preacuerdo, dijo que los subrogados no eran un tema de ella, y el que debía tomar la decisión era un juez de ejecución de penas y me devuelven a la cárcel. Tres meses después me visita la juez, me dice que no tengo por qué estar ahí, y me deja libre», afirma.
«Por eso acepté ese preacuerdo. Por contratar a dos abogados. No puedo afirmar algo que no pasó, que me pidieron, que entregamos dinero, eso no pasó», dijo.
Otero aseguró que aceptó el preacuerdo porque no tenía una opción distinta para dejar la cárcel. Dijo que él mismo le manifestó al exvicefiscal Jorge Perdomo que no tenía conocimiento del supuesto caso de corrupción en la Corte.
«Él estuvo en varias de mis entrevistas, pero nunca me habló de un acuerdo ni nada. Sólo me dijo que si colaboraba con la justicia, me darían seguridad. Pero no me pidió hablar contra nadie ni contra el doctor Pretelt», dijo Otero.
Con texto de: m.eltiempo.com