Montería sin transporte público y en manos de la informalidad.

En solo estudios relacionados con la operación, el sistema lleva invertido cerca de mil 500 millones de pesos. Esas inversiones, junto a los puentes, vías e intercambiadores viales, y otras en tecnología están a punto de perderse, porque no puede haber SETP si no hay quien lo opere, y eso parece que no le importa ni a la actual administración municipal y menos al gobierno nacional.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Uno de los indicadores que define el desarrollo de una ciudad es el de su transporte público, de manera que no se puede hablar de un municipio sostenible cuando un porcentaje importante de sus viajes se realizan en motocicletas que contaminan y en otros modos de transporte ilegales o piratas.

Montería está a las puertas de quedar sin transporte público colectivo, para de paso seguir hundiéndose en las arenas movedizas de la ilegalidad, con las conocidas consecuencias de accidentalidad e inseguridad. Si no mejoran los balances financieros de las dos empresas que prestan el servicio en la actualidad, deberán cerrar antes de 60 días, y por ahora eso es lo único seguro en el horizonte de la movilidad monteriana.

Crónica de una quiebra anunciada.

Los diferentes estudios contratados por el municipio de Montería, a lo largo de la implementación y estructuración del Sistema Estratégico de Transporte Público, muestran un déficit financiero para los operadores del servicio, y ello quiere decir que la tarifa no compensa los gastos operativos y la inversión que han hecho los transportadores para movilizar la flota. Esas investigaciones de campo arrojaron un faltante aproximado de 10 mil millones de pesos cada año, y es una realidad decir que los transportadores están subsidiando el servicio para la ciudad.

Los referidos estudios han sido contratados por Montería Amable y al mismo tiempo los ha socializado con los transportadores en el marco de la estructuración financiera y legal para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP.  Son conclusiones técnicas, lejos de cualquiera apreciación política y los ciudadanos los pueden consultar.

¿Cuándo se hicieron esos estudios? Uno se contrató y se desarrolló en la administración del alcalde Carlos Eduardo Correa, por valor de mil 100 millones de peso con el Consorcio Movilidad Montería, y se le hizo una actualización en la administración de Marcos Daniel Pineda, con la firma Asesorías y Servicios en Ingeniería y Construcción SAS, por valor de 299 millones, 943 mil 680 pesos.

En solo estudios relacionados con la operación, el sistema lleva invertido cerca de los $1.500 millones. Esas inversiones, junto a los puentes, vías e intercambiadores viales, y otras en tecnología están a punto de perderse, porque no puede haber SETP si no hay quien lo opere, y eso parece que no le importa ni a la actual administración municipal y menos al gobierno nacional.

En la práctica, toda esto ha generado una situación financiera deficitaria para los operadores; sin embargo, estos han tratado de mantener el servicio muy a pesar de medidas adversas de las diferentes administraciones, como ocurrió en el gobierno de Marcos Daniel Pineda, quien sin una consultoría, o estudio, adoptó de manera arbitraria la decisión de quitar el día sin moto para volverlo día sin parrillero, lo cual generó una descompensación de cerca de 60 mil viajes mensuales de diferencia y con ello disminuyó la posibilidad del equilibrio financiero en el sector, generando una pérdida aproximada en la vigencia de sus 4 años de 10 mil millones de pesos adicionales para los operadores.

Nueva Administración.

La actual administración arrancó en medio de una reinante informalidad en las calles, que generó una descompensación a las empresas legales de transporte, donde se perdieron el 50% de los pasajeros presupuestados para los dos primeros meses del año. Tras la firma del convenio de tránsito con la policía, en el mes de marzo el transporte público colectivo empezó a recuperar lentamente sus pasajeros, y justo en ese momento comenzó el tema de la pandemia y el confinamiento. La situación se agravó por la exigencia al transporte de reducir la capacidad de los vehículos en 35%

En medio de todas esas limitaciones, los transportadores en Montería han garantizado el servicio bajo esas difíciles condiciones. La realidad es que, desde hace 150 días, esta operación les genera a los transportadores una pérdida diaria de 20 millones de pesos, y esto indica que en los 150 días que lleva la pandemia han perdido cerca de 3 mil millones de pesos, cifra suficiente para quebrar a cualquier modelo de transporte.

La pasividad del Municipio.

Lo menos que puede hacer el actual gobierno de Montería, y es su obligación, es adelantar un estudio de tarifa para analizar y reconocer ¿cuál es el déficit que está generando la operación de transporte en la ciudad? Los transportadores consideran que actualmente están perdiendo el 70% de los viajes que deberían movilizar.

A pesar de las advertencias, de los llamados de atención, y de haber tratado de hacer entender a la administración la difícil situación, el sector transporte no ha recibido una sola ayuda, ni un solo reconocimiento para poder garantizar el servicio público, y ello diluye cada día la posibilidad que Montería mantenga el servicio de transporte.

Es una simple lógica matemática, que, si no recibo los ingresos, entonces no puedo garantizar la operación. Un caso puntual es el tema de los trabajadores; las empresas suspendieron los contratos bajo las determinaciones del gobierno nacional que autorizó dichas actuaciones (no se podía liquidar a las personas, pero si suspender los contratos, es decir que no se les paga sueldos, pero se le siguen garantizando sus prestaciones sociales). Esos compromisos significan para las empresas de transporte, 140 millones de pesos mensuales para estar al día con la seguridad social de los trabajadores y garantizarles su acceso a los servicios de salud.

La operación de hoy les genera una pérdida aproximada de 20 millones de pesos diarios, es decir están perdiendo 600 millones de pesos al mes por mantener la operación, más 140 millones de las prestaciones, más los cargos fijos como servicios públicos y toda la carga empresarial. Conclusión, se fueron consumiendo su patrimonio, y por ello están en riesgo de entrar en liquidación por quiebra técnica, porque las pérdidas acumuladas del año van a superar su patrimonio.

Hay una comisión delegada del gobierno de Montería para tratar de encontrar soluciones, pero    van 5 meses y aún no hay una acción concreta para mitigar lo que está sucediendo. Al final de la tarde se puede decir que han sido nulas las acciones del gobierno de la gente para garantizar la prestación del servicio. Hay una buena disposición del alcalde, Carlos Ordosgoitia, pero no hay acciones concretas de su gobierno.

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