Tomado de: extranoticias.com.co
Por: Ulahy Beltrán López
En diciembre del 2015 Colombia entera supo de la decisión que había adoptado el día 11 de ese mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente al tema de desprotección en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu en el departamento de la Guajira, básicamente por el riesgo en el que se encuentra esta población de menores de edad ante la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición, entre otros factores.
En ese orden de ideas, la CIDH decidió solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de este grupo poblacional en los municipios guajiros de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, en los que se tenía como nefasto antecedente, de acuerdo con ese organismo internacional, la muerte de 4770 niños y niñas durante los últimos ocho años.
Entre las medidas cautelares solicitadas, se encuentra la de “asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables”, dejando en evidencia la CIDH que para los menores de edad de estas comunidades indígenas en La Guajira, no hay servicios de salud disponibles ni suficientes por lo que no tienen acceso a ellos y los servicios que reciben no tienen la calidad requerida.
De igual forma, la CIDH solicitó como medida cautelar al Estado colombiano tomar medidas inmediatas para que los miembros de este grupo poblacional “puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como de establecer los mecanismos idóneos para la identificación de los casos de desnutrición para una intervención inmediata”, colocándole una importantísima tarea a todo el aparato estatal colombiano, y de manera especial a las autoridades nacionales y territoriales del sector salud, como quiera que efectivamente la desnutrición es un problema de salud pública.
Como se puede apreciar, en últimas, el propósito de la CIDH al decretar esas medidas, era conminar al estado colombiano a generar las acciones necesarias para preservar la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes de las comunidades Wayúu de los municipios antes citados en el departamento de la Guajira.
En las últimas semanas se ha hecho más que evidente que en La Guajira la sombrilla protectora del estado está rota a tal extremo que los menores indígenas siguen falleciendo de física hambre y no se les está garantizando aun a este grupo poblacional el acceso a agua potable, alimentos ni a servicios de salud. El drama llegó a tal punto que el mismo Presidente Santos convocó en la Casa de Nariño esta semana a una reunión a la que asistieron los ministros de Salud, Educación, Agricultura, Relaciones Exteriores, y Vivienda, así como los directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ICBF, y Prosperidad Social, y los alcaldes de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, así como y el presidente de la Cámara de Representantes.
La reunión permitió confirmar que los niños indígenas en La Guajira siguen muriendo por desnutrición y desatención, pero además, para molestia del mismo Presidente Santos, según palabras del primer mandatario dichas al final de la citada reunión, “algunos de los niños que han muerto estaban bajo la protección, bajo el amparo del Bienestar Familiar”, lo que muestra que “ahí se han presentado fallas”. En otras palabras, algunos de los niños que han muerto en La Guajira por su situación de desnutrición estaban bajo el cuidado del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).
Al final de la reunión se anunciaron acciones a realizarse en los sectores de salud, educación, infraestructura y asistencia alimentaria, entre otros, con el propósito de reforzar y hacer mucho más amplia la Alianza por la Guajira emprendida por el Gobierno el año pasado, debiendo quedar plasmadas en un documento CONPES, con el que se emprenderá esta nueva etapa de impulso a dicho departamento.
Sin embargo, recién se anunciaron las conclusiones de la reunión y las medidas derivadas de ésta, visiblemente molesta, la mismísima Directora del ICBF salió a desmentir al Presidente y en un medio de comunicación nacional aseguró que los cuatro niños a los que se refirió el mandatario no estaban bajo protección, sino que fueron beneficiaros de programas del ICBF. Fue contundente en su argumentación, pues textualmente dijo que “el presidente se equivocó, no era protección, sino programas”, explicando que los menores que se encuentran bajo custodia de la institución son los que fueron abandonados, están en restablecimiento de derechos, fueron víctimas de violencia o son desvinculados de grupos al margen de la ley, entre otros.
Si bien puede ser cierto que en el año 2015 se atendieran en dicha entidad 61 mil niños en servicios de primera infancia en La Guajira, tal y como lo dicen las cifras oficiales del ICBF, también es cierto que de esos, murieron cuatro, lo que es suficiente motivo de preocupación, sobre todo con las medidas cautelares decretadas por la CIDH motivadas precisamente por las mismas causas de muerte de estos menores.
Por ello antes que contradecir al Presidente, justificar actuaciones y minimizar las evidentes fallas del Sistema Nacional de Bienestar, hay que de una vez por todas articular todas las energías y recursos existentes y dispuestos para salvar a estos niños de los padecimientos por la desnutrición y la falta de servicios de salud, pues de lo contrario, mientras le siguen aclarando al Presidente, los niños Wayúu seguirán muriendo día tras día, sin importar si se encuentran bajo custodia del ICBF porque fueron abandonados, si están en restablecimiento de derechos, si fueron víctimas de violencia o si son desvinculados de grupos al margen de la ley.
Creo que la frase final del Presidente Santos resume el sentir de todos los colombianos: “¡No se puede morir ni un solo niño por desnutrición ni en La Guajira, ni en ninguna parte del país!”