Tras conocerse el contenido de las declaraciones entregadas por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en las que habló de la forma en la que se habrían redireccionado contratos por orden de altos funcionarios del Gobierno nacional para favorecer congresistas, se gestó toda una controversia en relación con el caso.
López, que compareció ante la Corte el 25 de julio de 2024, luego del intento fallido de obtener su testimonio en la diligencia del 29 de mayo, implicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como uno de los determinadores de entregar proyectos a dedo con el fin de que un grupo de parlamentarios apoyara las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. En especial, tres contratos, que sumaban juntos $92.000 millones, para obras en los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Salado, Bolívar.
Para el caso del municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba, López habló de contratos por $50.000 millones, para un proyecto denominado “obras de intervención correctiva para recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias para el dren número 8 entre la conexión con la ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta el casco urbano del municipio de Cotorra”, que pasó de costar 23 mil a $50.000 millones.
Sin embargo, el contrato no logro ser firmado porque cuando estaban a punto de hacerlo estalló el escándalo de los carrotanques, que derivó en la renuncia de Pinilla y del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en febrero.
Según declararon ante la justicia Olmedo López y Sneyder Pinilla, los dueños de esos tres contratos eran los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. Así mismo, Juan Diego Muñoz, quien renunció en febrero pasado al Congreso.
Todos ellos pertenecían a las comisiones económicas del Congreso. Los $92.000 millones supuestamente eran para «comprar» los votos de esos parlamentarios.
El 11 de junio pasado, cuatro de esos seis congresistas mencionados votaron a favor del Gobierno para que ampliara su cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares, un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Los seis parlamentarios señalados han asegurado que son inocentes, pero seguramente tendrán que dar explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia