El negocio funciona como una especie de franquicia; las fundaciones o asociaciones prestan sus nombres a cambio de un porcentaje, mientras los contratos de operación, los ejecutan otras personas.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
En twitter, @marchenojob
Esta semana hubo ruido en las oficinas de la regional del ICBF en Córdoba, debido a unas capturas relacionadas con irregularidades en un contrato de operación dirigido a la primera infancia. Serán los jueces de la República quienes fallaran en dicho caso y en los otros que se han denunciado ante la Fiscalía General.
El tema que importa ahora, es evitar que operadores “golondrina”, (aquellos que aparecen de la noche a la mañana con jugosos contratos en el ICBF y luego se van), dejen de tumbar a las madres comunitarias en el departamento de Córdoba.
Con la llegada de Cristina Plazas Michelsen a la dirección general del ICBF, se incrementó en la Costa Atlántica la presencia de estos operadores golondrina, traídos de otras ciudades para supuestamente combatir la corrupción de los operadores locales. El modus operandi consistió en contactar a fundaciones bien posicionadas en el llamado banco de oferentes, para ofrecerles contratos de operación en ciudades de la costa y desarrollados a su vez por personal de las regiones, quienes invierten y ejecutan los contratos.
El negocio funciona como una especie de franquicia; las fundaciones o asociaciones prestan su nombre a cambio de un porcentaje, mientras los contratos de operación, los ejecutan otras personas. En La Ventana hemos dado a conocer los nombres y representantes legales de dichas fundaciones.
El Dosier de la Fundación Las Moras, FUNLAMOR.
Esta Fundación, de la noche a la mañana se llenó de contratos de operación en Córdoba, y se convirtió además en enemiga pública de las madres comunitarias, debido a la forma sistemática como las tumbó en varios municipios, ante el silencio cómplice de la directora (E), del ICBF en Córdoba, Gladys Caraballo y de Ubaldo Rojas, director del Centro Zonal, quienes no han movido un dedo para lograr que dicha Fundación pague las deudas que tiene con las madres comunitarias.
El pasado 10 de mayo, un grupo de madres, víctimas de FUNLAMOR le enviaron un documento al Procurador Regional de Córdoba, Nicolás Barguil Flórez, donde entre otros aspectos, sostienen, “El objeto es denunciar a la regional Córdoba del ICBF por el silencio y complicidad, ante la impunidad e incumplimiento de la Fundación Multiactiva Las Moras, con el pago de salarios, prestaciones sociales y paquetes alimentarios a un número importante de madres”.
Las trabajadoras consideran, que son las directivas del ICBF quienes deben gestionar para que se haga efectivo el pago a las madres. Aseguran que dicha Fundación no cumplió con las normatividad laboral, con lo pagos y prestaciones sociales a que tenían derecho, como el pago en la modalidad Fami de 9 meses de liquidación, incluidas las primas, 3 paquetes alimenticios familiares, seguridad social y subsidio familiar.
No ha habido poder humano que obligue a esta Fundación a que le responda a más de un centenar de madres comunitarias, quienes pidieron créditos en las tiendas de barrios para cumplir con los niños, y sin embargo hoy nadie les responde por los dineros que les adeudan.
Precisamente las madres comunitarias y sectores políticos, como el senador Alexander López del Polo Democrático, vienen presionando para que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el Estado, es decir en este caso por el ICBF.
Fundación Amor Fe y Esperanza FUNAFES: Por el mismo camino.
Por el mismo camino de FUNLAMOR, va la Fundación Amor Fe y Esperanza, operador que les debe marzo y abril, (ya mayo va llegando a la mitad), a las madres que laboran en la modalidad Fami. “Así empezó FUNLAMOR, y luego terminaron abandonando la ciudad y los contratos, estamos preocupadas porque nos puede suceder lo mismo”, me dijo una madre comunitaria contratada por esta Fundación.
La misma señora me informó que le han comunicado esta dificultada al Coordinador del Centro Zonal del ICBF en Montería, Ubaldo Rojas, pero hasta el momento el funcionario no ha entregado respuesta alguna.
El silencio aberrante del Ministerio del Trabajo.
Todas estas quejas y denuncias están radicadas en la oficina del Ministerio del Trabajo en Córdoba, donde al parecer duermen el sueño de los justos. El silencio de esta entidad con relación a esta problemática del no pago de operadores del ICBF a madres comunitarias es aberrante.