A pesar de contar el Incoder con una extensa y cómoda sede propia en el barrio La Coquera de Montería, identificada por los campesinos para tramitar sus diligencias, gerentes de las nuevas agencias prefirieron pagar costos arriendos en un edificio del centro de la ciudad.
Las nuevas agencias, que reemplazaron al Instituto de Desarrollo Rural, Incoder, Desarrollo Rural y de Tierras, no están cumpliéndoles a los campesinos, quienes tienen represados centenares de procesos en las oficinas de Bogotá, a donde fueron enviados los expedientes cuando fue liquidada la entidad.
El pasado 17 de mayo de 2016, quedaron listas dichas agencias, y sin embargo cientos de campesinos siguen perjudicados en Córdoba, porque las carpetas donde reposan sus procesos (Titulación de Baldíos, tramites de venta de parcelas y del Fondo Nacional Agrario), fueron enviadas a Bogotá al momento de la liquidación del Incoder, y aún no han sido devueltas a las nuevas agencias en Montería.
Toda la información que soporta la información de tierras en Córdoba, fue remitida a Bogotá, a raíz de la expedición del decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015, que liquidó la entidad y creó dos agencias. Los campesinos andan desesperado s y no saben a quién acudir, le dijo a La ventana, Rosmy Rojas, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
Al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, no le duelo lo público.
A pesar de contar el Incoder con una extensa y cómoda sede propia en el barrio La Coquera de Montería, identificada por los campesinos para tramitar sus diligencias, gerentes de las nuevas agenNuevacias prefirieron pagar costos arriendos en un edificio del centro de la ciudad.
Las antiguas instalaciones del Incoder fueron desvalijadas por delincuentes, quienes se robaron enseres, elementos de los baños y cocinas. En varias oportunidades ha tenido que acudir la policía a controlar los desmanes en dichas instalaciones, porque en la misma no hay vigilancia.
Al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri valencia, pareciera que no le doliera lo público, porque él es el directo responsable que en el proceso de liquidación no se previera mantener la vigilancia en dichas instalaciones. Por ahora, los procesos están congelados en Bogotá, y cientos de familias campesinas están perjudicadas en Córdoba, sin que se vislumbren soluciones a la vista.