La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de este martes 8 de octubre decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico , representada por el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, al gerente de campaña y ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa , María Lucy Soto Caro y Lucy Mogollón, tesoreras; y a Juan Carlos Lemus Gómez, auditor por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.
En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta tras evidenciar una violación de topes por más de 3.700 millones de pesos, dinero que no habría sido reportado en el informe de ingresos y gastos.
El equipo de la campaña presidencial habría omitido reportar: Aporte de la USO: $121 millones de pesos, prestamos del Polo Democrático: $500 millones de pesos, donación de Fecode: $500 millones de pesos, pago a testigos electorales (30.256 personas): $931 millones de pesos.Para la segunda vuelta, se les formula cargos por presuntamente haber omitido reportar cerca de $1.600 millones de pesos de la compañía de aviación SADI, con quienes habrían contratado el servicio de fletamento de aeronaves.
También una factura de un centro de eventos reportada por $150 millones de pesos habría sido modificada. El valor real sería de $250 millones.Por último, al movimiento político Colombia Humana y al partido Unión Patriotica UP en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la coalición Pacto Histórico, por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial, con fuentes de financiación prohibidas por parte de las siguientes personas jurídicas: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE, INGENIAL MEDIA S.A.S. y UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas.