Por: Jairo Torres Oviedo
Rector: Universidad de Córdoba

 

𝗟𝗮 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮

Una de las apuestas del actual Gobierno Nacional es el desarrollo y bienestar del sector rural colombiano, históricamente excluido y marginado de los beneficios del bienestar social. Para ello, es necesario comprender y hacer posible un enfoque de la ruralidad; que tenga como propósito atender la diversidad socioeconómica, cultural, étnica y ambiental en los territorios con enfoque específico. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación estableció las categorías de ruralidad en Colombia, soportado en tres criterios: Ruralidad dentro del sistema de ciudades. Densidad poblacional y Relación de población urbano-rural.

Estos criterios determinaron la clasificación de “categoría de ruralidad” en “ciudades y aglomeraciones”, intermedios, rural y rural disperso. Con base en esta metodología y según datos del DNP para el año 2002, de los 1100 municipios del país, en categoría rural se encuentran 368 municipios con una población aproximada de 5.362.000 habitantes, y en la categoría rural disperso, se encuentran ubicados 261 municipios con una población aproximada de 3.368.000 habitantes. Es decir, más de la mitad del territorio nacional es rural. En este sentido, se crearon mediante Decreto Ley 893 de 2017, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial consagrados en el punto 1 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; esto, con el propósito de lograr la transformación estructural del campo y generar un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, que garantice el bienestar social, la identidad cultural y la economía campesina.

Lo anterior, es un compromiso del Estado colombiano que, dicho sea de paso, aún está por realizar y que impide hablar de paz; porque la paz implica, hacer lo que se ha dejado de hacer en los territorios. En consecuencia, es imperioso que el Gobierno Nacional atienda de manera urgente, tres problemas que afrontan las zonas rurales en materia de educación superior a saber: baja cobertura, baja tasa de tránsito inmediato; además, falta de pertinencia en los programas de formación. La cobertura de educación superior rural, la describe el Dane, que ilustra cómo en Colombia para el año 2018 existían cerca de 601.000 jóvenes entre 17 y 25 años quienes residían en zonas rurales, de los cuales, 504.000 no se encontraban asistiendo a un establecimiento educativo y, 485.000 no habían aprobado ningún año de educación superior.

En consecuencia, se trata de una alta demanda para el nivel de educación superior en zonas rurales; lo que requiere de políticas públicas que garanticen la educación superior como derecho fundamental en condiciones de pertinencia y calidad. Por consiguiente, es necesario la construcción de un modelo de regionalización de la universidad, que permita aumentar cobertura en zonas rurales del país. Solo garantizando el acceso a derechos podemos reducir las brechas de inequidad y desigualdad social; que han sido históricas en la ruralidad colombiana; quienes por el abandono estatal siguen padeciendo el conflicto armado.

Es impostergable integrar la ruralidad al desarrollo y bienestar social; ello implica políticas públicas en materia de educación, acceso a la tierra fértil y en condiciones de crédito, conocimiento y asistencia técnica para ser productivas.