El 27 de diciembre, un día de fiesta, aprovechando la ocasión, el Concejo Municipal le dio facultades al ejecutivo para que reestructurara la planta de personal de la Alcaldía de San Marcos.
Todo empezó con un contrato firmando entre la FUNDACION PARA EL DESARROLLO, EQUIDAD Y LA SOSTENIBILlDAD – FUNDES, cuyo representante legal es Eder Samith Pérez Fuentes y el alcalde de la fecha Arnulfo Miguel Ortega López, cuyo objeto era PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, por valor de $ 20.000.000 millones.
Entonces se designó a los siguientes empleados en el equipo técnico responsable de elaborar el proyecto técnico y financiero para la reestructuración de la planta de personal de la Alcaldía Municipal.
Todo parecía estar bien hasta que el ejecutivo radicó el proyecto al Concejo, y fue cuando aparecieron las denuncias de irregularidades presentadas en la ejecución del proyecto.
La primera, es que se violaba el Artículo 5° de la Ley 1551, ya que la escuela Superior de Administración Pública en los municipios de categoría 5 y 6 acompañará de forma gratuita la elaboración de análisis y estudios de forma gratuita.
Al municipio pagar por algo que se podía hacer gratuitamente se considera, como un detrimento al patrimonio público algo que los concejales no tuvieron en cuenta a la hora de dar las facultades pro tempore.
La segunda, algunos empleados que hacían parte del equipo técnico para estudiar el Decreto 127 del 23 de Octubre del 2015 pasaron una comunicación el día 18 de Diciembre de 2015 ante la Comisión Segunda del Concejo Municipal donde certifican que nunca fueron notificados del Decreto 127 del 23 de Octubre del 2015 y la no participación en la elaboración del estudio técnico que justifica dicha reestructuración.
La tercera, nunca se socializo el proyecto con los empleados, ni con los representantes del sindicato de los empleados públicos de la Alcaldía Municipal.
Pero a pesar de estas anomalías el Concejo aprobó el acuerdo y le dio las facultades al ejecutivo y esta a la vez sanciono los decretos 146 del 28 de diciembre de 2015 y 148 del 30 de diciembre y la resolución 614 del 29 de diciembre de 2015, expedidos por Alcalde Arnulfo Miguel Ortega López y el Decreto 008 del 4 de enero de 2016 expedido por Alcalde actual Bladimir Eduardo Sierra Ochoa.
Ante la irregularidad de los hechos, el sindicato de los trabajadores y la ciudadanía denunciaron ante la JUSTICIA ADMINISTRATIVA y la PROCURADURIA
En la JUSTICIA ADMINISTRATIVA se demandó pidiendo la nulidad de los actos administrativos (decretos 146 del 28 de diciembre de 2015, 148 del 30 de diciembre, resolución 614 del 29 de diciembre de 2015 y el Decreto 008 del 4 de enero de 2016) en el Juzgado 003 administrativo oral del circuito de Sincelejo. Se solicitaron medidas cautelares que están a la espera de ser ratificadas.
En la PROCURADURIA se presentó una queja disciplinaria a los funcionarios que hicieron el estudio técnico y a los concejales que votaron el acuerdo donde se le daba facultades al ejecutivo para modificar la planta de personal, dando como resultado una indagación preliminar que puede terminaren un proceso de destitución.
