“La nómina del respectivo ente territorial o entidad, no se podrá modificar dentro de los (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de la aplicación de las normas de carrera administrativa”: Ley de Garantías Electorales.
Ante la Fiscalía General de la Nación, fue radicada denuncia penal contra la alcaldesa (e) del municipio de San Andrés de Sotavento, Viviana Hoyos Sierra, por el presunto delito de prevaricato por acción, contemplado en el artículo 413 del CP, así como los posibles delitos conexos que el fiscal del caso determine.
Quienes firman la denuncia, -9 funcionarios que habían sido nombrados por el entonces alcalde encargado, Juan José González-, consideran que la señora Hoyos Sierra, violó la Ley de Garantías Electorales, al declararlos insubsistentes, sin importarle que en el mismo decreto de encargo, la Gobernación de Córdoba convocó a elecciones de alcalde en dicho municipio para el próximo 20 de noviembre del presente año y que por lo tanto entró en vigencia la citada Ley de Garantías.
Los hechos.
El pasado 25 de agosto, el gobernador encargado de Córdoba, Roberto Tirado Hernández, designó como alcalde (e) de San Andrés de Sotavento, al secretario de Gobierno, Juan José González, tras el Tribunal Administrativo de Córdoba, anular por doble militancia la elección de Rafael Romero Basilio en los comicios del 25 de octubre del año anterior.
Juan José González, en ejercicio de su encargo, expidió varios decretos donde nombró como Secretario de Gobierno a Salim Bernardo Incer Covo; a Gerardo de León Gómez; secretario de Hacienda; a Marilyn Villalba Santodomingo, secretaria de Obras Públicas; a Elías Vergara Bettín, como secretario de Planeación y Valorización; a la señora Annabella Fernández Gómez, como secretaria de Educación, Cultura y Deportes y a Dely Mora Ruíz, secretario de Salud.
Asimismo fueron nombrados, Robert Urango Fernández, como tesorero, Álvaro José Pereira Mercado, director de la UMATA y Elenio Antonio Tirado Covo, como Contador Público.
Gobernación designa alcalde (e) de terna entregada por AICO y convoca nuevas elecciones.
El pasado 22 de septiembre, el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, designó como alcaldesa encargada de San Andrés de Sotavento a Viviana Hoyos Sierra, quien hacía parte de la terna entregada por el movimiento político AICO.
Mediante el decreto 0861 del 22 de septiembre de 2016, el gobernador de Córdoba convocó a elecciones para alcalde del municipio de San Andrés de Sotavento, las cuales se cumplirán el próximo 20 de noviembre del presente año. Sostienen los autores de la denuncia, que dicha actividad electoral se enmarca dentro de las denominadas, elecciones atípicas y que por ello en consecuencia, en todo el territorio municipal deberá observarse lo dispuesto por el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 (Ley de garantías electorales).
Revisando dicha ley, encontramos que entre otros aspectos, dice, “La nómina del respectivo ente territorial o entidad, no se podrá modificar dentro de los (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de la aplicación de las normas de carrera administrativa”.
El 26 de septiembre, mediante un conjunto de decretos, a pasar de estar advertida, la alcaldesa encargada, Viviana Hoyos Sierra, declaró la insubsistencia de los mencionados funcionarios, desconociendo e infringiendo la restricción contemplada en la Ley de Garantías.
Por todo lo anterior, las personas mencionadas presentaron la citada denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.