La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió este miércoles una investigación contra el senador Didier Lobo Chinchilla, senador del partido Cambio Radical, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El alto tribunal señaló que en el caso se indaga un posible incremento patrimonial del congresista y su núcleo familiar, debido a un supuesto aumento injustificado en su capital, luego de su paso por la alcaldía de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.
El Espectador destaca que la Corte Suprema no ha proporcionado detalles exhaustivos sobre las pruebas actuales en su poder. Sin embargo, se ha informado que la Sala de Instrucción utilizará varias herramientas investigativas, incluyendo la revisión de registros financieros, la inspección de propiedades y entrevistas con testigos claves.
«Se investiga un posible incremento patrimonial del congresista y su núcleo familiar. Según la denuncia, que es investigada por la Sala, el ahora congresista registraría un supuesto aumento injustificado en su patrimonio tras su paso por la alcaldía del municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar”, indicó la Corte al informar el proceso.
Aunque ahora se le abrió una investigación, no es la primera vez que Lobo se enfrenta a los hechos, en 2018 la Contraloría General de la Nación, acusó e imputó a Didier Lobo del detrimento patrimonial de cerca de 3 mil millones de pesos.
En esta ocasión, el entonces exalcalde habría pagado costos elevados en contratos de alimentación celebrados durante diciembre de 2012, con la empresa Unión Temporal de Servicios Nutricionales, mismo que duró 18 meses, periodo en el que se presentó un detrimento por $4.377 millones en sobrecostos por el pago de los alimentos que se compraron para el PAE, los cuales se entregaron a madres cabeza de familia para la atención de 5.000 niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes. El asunto es que se habría financiado con recursos de regalías del municipio.
Por lo anterior, al asumir la vicepresidencia del senado en la legislatura del 2023 fue sancionado por seis meses.
Durante 2020, la Procuraduría advirtió el senador de Cambio Radical «permitió un detrimento del presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales con costos superiores a los bienes entregados. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave».