En Cotorra el pico de casos de corrupción sigue alto y al parecer para combatirlo no funcionan los tratamientos de los organismos de control.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob
Estamos en una época donde las redes sociales muestran de forma inmediata los actos públicos de las administraciones y por ello uno se atreve a pensar que esas circunstancias son suficientes para evitar la más peligrosa de las cepas; la de la corrupción. No es así, en el municipio de Cotorra hay hechos visibles que socavaron todos los males del actual gobierno municipal.
El alcalde Guillermo Llorente Petro, pletórico de poder tras salir ileso de una demanda de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Córdoba, en un proceso donde muchos de sus amigos cercanos lo daban por perdido, pero del que sobrevivió milagrosamente, tomó un segundo aire y encarriló su administración en una ruta llena de lunares, e interrogantes.
Viola la ley al no girar subsidios al operador del acueducto.
Ante el silencio de las entidades de control, del gobierno nacional y departamental, el mandatario de Cotorra, Llorente Petro, se pasa por la faja la ley y retiene los subsidios de acueducto y aseo de los estratos uno, dos y tres, que les transfiere el gobierno nacional y no se los gira al operador, Aguas del Sinú, lo cual le generó a esa empresa una situación de déficit presupuestal a causa de esta desfinanciación.
A la fecha la Alcaldía de Cotorra tiene una deuda con el operador Aguas del Sinú por concepto de subsidios por un valor de mil 557 millones 744 mil 505 pesos. Recursos que necesita la empresa para invertir en infraestructura y mejorar la cobertura.
De forma soterrada el alcalde desarrolla sistemáticamente un plan maquiavélico con el propósito de debilitar las finanzas del actual operador y justificar así la entrega de la operación a un privado, con las consecuencias de un fuerte incremento de las tarifas del servicio, las cuales se volverán impagables para campesinos y gente humilde del municipio.
Silencio cómplice de la Procuraduría.
El pasado 21 de octubre del 2020, el revisor fiscal de Aguas del Sinú, Alberto Guzmán, radicó una queja en la Procuraduría General de la Nación, contra, Alejandro Doria Llorente y Guillermo Llorente Petro, exalcalde y actual alcalde de Cotorra, por la retención y no pago de los subsidios de acueducto y aseo de los estratos más bajos de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020. Hasta la fecha, la queja duerme el sueño de los justos en la PGN. De estas irregularidades también tiene conocimiento la Contraloría General de la República y la Fiscalía.
De los hechos también conoce la Superintendencia de Servicios Públicos, El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Gobernación de Córdoba. Expertos de la normatividad que regula los servicios públicos en Colombia, señalan que al alcalde de ese municipio se le puede aplicar la Ley 142 de 1994, artículo 99.4 “El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes cuando sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de los subsidios; o cuando las infrinjan de cualquier otra manera”
Otro hecho que tiene inconforme a los habitantes de Cotorra, es que nadie conoce la suerte del Convenio Interadministrativo número 001-2021, firmado el 16 de abril del 2021 por valor de 975 millones 239 mil 764 pesos, entre la Alcaldía de Cotorra, y la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo “ASOMOR” cuyo propósito fue el de “Aunar esfuerzos para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de redes de distribución de agua potable Etapa I en el corregimiento de Trementino y vereda San Pablo. De acuerdo a los términos del contrato, las obras debían ejecutarse en 3 meses. Sin embargo en esa zona rural del municipio no se ha realizado nada al respecto.
Todo indica que el pico de casos de corrupción seguirá alto en Cotorra, y al parecer para combatirlo no funcionan los tratamientos de los organismos de control.