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El suspendido magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt denunció a Argénida María Hernández y Reynaldo Pascual Villalba Alarcón quienes están reclamando la restitución de los predios ‘Alto Bonito’ y ‘No hay como Dios’ o ‘la Corona’ ubicados en Turbo.
Según Pretelt los denunciados han presentado documentación falsa, además de -dice- no estar legitimados para reclamar sus pretensiones.
La denuncia radicada ante la Fiscalía y conocida por Colprensa también va dirigida contra de la directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia, Paola Andrea Cadavid Acevedo, por los delitos de falsedad en documento, fraude procesal y falsa denuncia.
Tras la revisión del expediente y la realización de una primera audiencia en Apartadó, Pretelt estima que la funcionaria de la Unidad está “empeñada en afirmar que hubo despojo” en este caso cuando, en su criterio, “ha utilizado documentos susceptibles de endilgar comisión de delitos” para la elaboración de demanda de restitución que cursa ante el Juez Primero de Restitución de Tierras de Apartadó.
El predio Alto Bonito
En el caso de Argénida Hernández, reclamante del predio ‘Alto Bonito’, la denuncia afirma que la mujer esta presentó documentación falsa ante el juzgado para hacerlo incurrir en error. Se trata de un poder del año 2009 que según Pretelt no tiene sello ni certificación, en donde la mujer señala que su padre Manuel Hernández la autorizó para administrar el terreno.
Según Pretelt, este documento no puede ser certero porque el terreno se había vendido seis años atrás. “No son sujetos del titular de derecho de restitución”, dijo Pretelt a Colprensa al afirmar que Hernández Díaz nunca fue propietaria ni poseedora del inmueble de su padre, muerto el 31 de enero de 2014.
“¿Cómo es posible que el señor Manuel Gregorio Hernández le haya dado un poder a su hija para administrar un inmueble que ya había enajenado?, ¿Qué iba a administrar ella en virtud de ese poder si su padre hacía más de 5 años ya no vivía en ese predio?”, insistió el jurista en la denuncia.
Pretelt dice que Argénida sí es una de las hijas de Manuel Hernández, pero afirma que el derecho a la reclamación sería de todos sus herederos, quienes según su versión, no estarían de acuerdo con la reclamación por estimar que supuestamente nunca supieron de presiones a su padre para vender el terreno. “Los nietos y todos los vecinos del sector pueden dar fe que jamás hubo reclamo del señor Manuel Hernández por la familia Pretelt”, dijo el jurista.
Igualmente, Pretelt niega haber acudido el 13 de enero de 2011 a la casa de la hermana de Hernández para amenazarla por lo que estima que ella incurrió en una falsedad al denunciar estos hechos tres días después ante las autoridades.
“Esto lo supe hace unos cinco días. Ella dice que Jorge Pretelt fue a amenazarla en carro sin placa, con motos, escoltas (…) Es absolutamente falso pues está plenamente demostrado que ese día estaba en la ciudad de Bogotá atendiendo mis labores en la Corte Constitucional“, dijo Pretelt al referir la existencia de tiquetes del 10 de enero para Bogotá, copia de los órdenes del día en la Corte que probarían que estaba en la ciudad y certificación de su cuerpo de escoltas.
El predio La Corona
En el caso de Villalba Alarcón, la denuncia se radicó por presentar ante el mismo juez un poder en el cual sus hermanos Edelberto Jacinto, Agustín Manuel, Orlando Rafael y Octaviano José Villalba Alarcón le vendieron la finca “No hay como Dios” o “La Corona” en el año 1990.
De acuerdo con el jurista, este documento es “absolutamente falso pues según consta en el registro de matrícula de ese inmueble todos eran dueños de este predio en el año 1999”.
Pretelt señala que Villalba Alarcón tendría que hacer la reclamación junto con sus hermanos, que tampoco estarían de acuerdo con la petición. “Cómo ellos no reclaman entonces aparece de la nada un contrato, también aportado en el proceso por Paola Cadavid sin hacerle ninguna investigación. Salta a la vista que es un documento elaborado en esta época y no en 1990 para así eximir a su hermanos de reclamar las tierras”, dijo el jurista.
“La falsedad es tan burda que incluso se incluyó como anexo del documento una cédula expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil varios años después de la firma del contrato, pues la producción de las cédulas café plastificadas inició el 15 de noviembre de 1993 y concretamente la cédula café plastificada del señor Reynaldo Pascual Villalba Alarcón fue fabricada el 3 de diciembre de 1998”, dice el documento.
La directora de la Unidad
En el caso de Paola Andrea Cadavid Acevedo, directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras de Antioquia, la denuncia se presentó por supuestamente participar en actos fraudulentos para la solicitud de restitución de tierras respecto de ambos predios al tomar estos documentos que Pretelt cuestiona como falsos.
En este sentido, se indica que Cadavid Acevedo “utilizando las referidas falsedades radicó una solicitud fraudulenta de restitución judicial de tierras por despojo mediante negocio jurídico”.
“Yo creo que consciente o inconscientemente ella aportó una documentación que, por lo menos, tenía que ser sometida a una mínima veracidad”, dijo el jurista.
La demanda de restitución
En este caso, la demanda de restitución de tierras presentada por la Unidad ante el juzgado alega que hubo despojo pues tanto los Villalba como los Hernández fueron objeto de desplazamiento forzado por cuenta de la violencia paramilitar.
Además, se alega que Villalba tuvo que venderle a menor precio y por temor a Evelio Díaz, conocido como ‘El Burro’, quién trabajaría para el paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’.
En el caso de ‘Alto Bonito’, la demanda afirma que Manuel Hernández, padre de Argénida María, vendió el predio por 5 millones de pesos y bajo presión a Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt, hoy investigada por la Fiscalía General por desplazamiento forzado.
Sobre estas afirmaciones, el magistrado Pretelt señala que no son ciertas porque se compraron los predios de Alto Bonito por 67 millones y La Corona por 46 millones, usando cheques de gerencia. Específicamente, Pretelt le explicó a Colprensa que la compraventa de los pagos ya hacen parte del expediente.