Informe Especial. 1 Parte.
Por. Oswaldo Marchena Mendoza y Mauricio Castilla Castro.
En twitter, @marchenojob y @pulsodeltiempo2
Tras una auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad exprés, realizada por la Contraloría de Córdoba a la ESE hospital San Jerónimo de Montería, vigencia 2015-2016, el Ente de Control estableció 16 hallazgos administrativos, de los cuales 12 tienen presunta connotación disciplinaria, 2 de carácter penal, uno sancionatorio, y 6 con posible incidencia fiscal por la suma de $2.500.046.575.
La Contraloría de Córdoba, realizó la auditoría, atendiendo denuncias del Sindicato de Trabajadores de la ESE, y otras anónimas, ante posibles irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios, así como en el pago de anticipos de algunos contratos y posibles deficiencias en los estudios de conveniencia y oportunidad para la realización de dichos contratos, algo que según los denunciantes “pueden estar violando las medidas de austeridad establecidas en el hospital”, las cuales motivaron la intervención por parte de la Súper Intendencia Nacional de Salud.
La citada Contraloría también recibió alertas por posibles irregularidades en la adquisición y compra de medicamentos en la ESE, así como otra que pidió, “Investigar la conducta del señor Rodolfo Moreno Ortiz, quien tiene pliego de cargos de la Procuraduría; viáticos del mencionado funcionario de los días 11 y 12 de mayo y conciliaciones con Comfacor, con descuentos exagerados”.
La intervención ha sido nefasta para el hospital.
La Contraloría General del Departamento de Córdoba, como resultado de la auditoría adelantada, conceptuó que la gestión del agente interventor del hospital San Jerónimo de Montería, en cuanto a los hechos relacionados en las denuncias descritas, vulneran los principios de la función administrativa.
Inconsistencias en contratos.
En el contrato número 552 suscrito por la empresa Triana & IIIigde Abogados Ltda., por valor de 54 millones de pesos, para la prestación de servicios de asesorías jurídicas, la Contraloría de Córdoba encontró que el contratista suscribió el contrato de prestación de servicios como persona jurídica, sin demostrar el pago de los aportes a la seguridad social de sus trabajadores en la misma forma que lo hace cualquier empleador. Referente al contrato 565, suscrito por Cielo Cecilia Hernández Barragán, por valor de $6.500.000, para apoyar el área de Talento Humano, en la organización de hojas de vida, para desarrollar en un mes, la Contraloría de Córdoba estableció que el contratista pagó $388.800.00, por concepto de seguridad social del mes de enero, cuando el mismo debió ser por el 40% del contrato.
Sobre el contrato 537- de 2016, suscrito por María Cristina Puertos, para prestar servicios profesionales como Contador Público, por valor de $59.199.982, la Contraloría encontró que no se evidencian en los aportes de seguridad social lo concerniente al pago de pensión de los meses de enero a marzo de 2016.
De otra parte, el ente de control encontró varios contratos cuya suscripción del acta de inicio se dieron el 4 de enero de 2106, y sin embargo la pólizas se suscribieron en fechas posteriores a dichas actas, por lo cual, dice la Contraloría, “Se infiere que la entidad dio inicio a la ejecución de los mismos sin el lleno de los requisitos legales”.
Señala en su informe el ente de control, que el hospital, en los soportes presentados, no realiza la justificación para la realización de varios contratos, tras no justificar por parte de la oficina de Talento Humano de la ESE, donde acredite la inexistencia de personal idóneo de planta para el desempeño de las mismas, y la explicación del requerimiento de las prestación del servicio o acreditación de carga laboral que imposibilite al personal de planta realizar dichas actividades. En otras palabras la agente interventora, Luz Patricia Sánchez, no pudo justificar la suscripción de millonarios contratos.
Ha sido tan enorme el despelote durante la intervención de la ESE hospital San Jerónimo de Montería, que en el contrato 552 (Triana & LLLigde Abogados Ltda.), los estudios previos hacen referencia a actividades a desarrollar en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, (Tierra de la entonces agente interventora), denotándose deficiencias en el control de documentos generados por la ESE.
Inconsistencias en el famoso contrato con Vital S.A.S.
Con esta empresa, la entidad suscribió el contrato número 608, por valor de $1.287.000.000, con el objeto de “Prestación de servicios de los procesos y procedimientos de facturación”, la Contraloría de Córdoba encontró, qué no se anexan soportes documentales que evidencie el análisis de costos, estudio de mercado o análisis costo/beneficio, que justificara la suscripción del contrato número 608 de 2016 con la empresa Vital S.A.S, el cual establece en la clausula 4 el valor del contrato y forma de pago, así (6.8% sobre el valor de la facturación mensual procesada y depurada por el contratista). Sin embargo, la CGC encontró que en el mes de febrero de 2016, la supervisora del contrato certificó el valor facturado de $5.171.394.776, de lo cual, se radicó la suma de $3.784.486.214, equivalente al 73% de lo facturado, incumpliendo lo estipulado en el contrato.
El contrato para la remodelación de la cocina, tuvo anticipo y está paralizada la obra.
En La Ventana de Córdoba, denunciamos la existencia de este contrato leonino para el hospital, el número 557 de 2016 por valor de $135.150.610, para la remodelación y restauración del área de servicios de cocina, cuyo contratista es la firma Gesproding Limitada, donde actúa como Representante Legal, Julio Roberto Hernández Mendivelso. Se firmó el acta de inicio el pasado 1 de febrero del presente año, con un plazo de ejecución de 45 días.
Sin embargo la obra se suspendió el 3 de febrero de 2016, es decir, dos días después de haberse firmado el acta de inicio. El 8 del mismo mes y año, se suscribió un acta de modificación de mayores y menores cantidades de obras, e ítems no contemplados, el 14 de febrero se firmó un acta de reinició, el 26 del mismo mes se firmó un acta de entrega parcial y el 29 se volvió a suspender.
A la fecha de inspección de obras por parte del Ente de Control, estas se encontraron suspendidas en dos meses y 18 días, evidenciándose según Acta Parcial de Obras número 1 del 26 de febrero de 2016, que la ESE reconoció al contratista la ejecución de obras por valor de 44 millones 729 mil 256 pesos. De las cantidades de obras contratadas inicialmente, la Contraloría evidenció que solo se han ejecutado algunas actividades de demolición de piso en baldosín en cemento y demolición en concreto.
Asimismo el Ente de Control comprobó, que las obras están suspendidas a la espera que el servicio de comedor se traslade, y existen zonas intervenidas por el contratista, en la zona de parqueo y en la cocina, que se constituyen en peligro para las personas que actualmente transitan por ellas. Se puede concluir, que la agente interventora, suscribió un contrato para remodelar una cocina, sin haber previsto el desalojo del espacio.
El nombramiento del señor Rodolfo Moreno Ortiz, sancionado por la Procuraduría.
Bajo la Resolución 153 del 24 de febrero de 2016, en la ESE hospital San Jerónimo, fue nombrado Rodolfo Moreno Ortíz, en el cargo de Subdirector Administrativo, y dentro de los documentos que anexó para asumir el cargo, está el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación número 80512599, con fecha 25 de febrero de 2016.
Sin embargo, el equipo auditor consultó en la Página de la Procuraduría General de la Nación, la situación disciplinaria del referido señor, la cual arrojó el certificado de antecedentes número 82886832 donde le aparece una sanción disciplinaria, por actuaciones en hospitales del Valle del Cauca. A pesar de no presentar inhabilidades y sanciones, la Contraloría sostiene que la ESE hospital San Jerónimo, debe realizar la revisión de los hechos que condujeron a generar la citada sanción (La cual fue ejecutada en una entidad pública de salud), con el fin de determinar si su conducta representa un riesgo para el funcionamiento administrativo y financiero de la ESE.