El municipio de Montería durante las vigencias 2016-2019 dejó de percibir ingresos en cuantía de $3.626.059.843, porque dejó prescribir cartera de contribuyentes correspondientes a impuesto predial por indebida notificación.

Por: Mauricio Castilla Castro.

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Entre los años 2015 y 2019, en la Secretaría de Hacienda de Montería, se concedieron prescripciones de impuesto predial por valor de $28. 087 millones 925 mil 55 pesos. Es decir, fueron recursos que dejaron de entrar a las arcas del municipio y que, en su momento de haberse realizado un cobro eficiente y efectivo, los recursos hubieran servido para ejecutar importantes proyectos de inversión.

De acuerdo a una Auditoría de la Contraloría de Montería, en el año 2015 el valor de la prescripción fue de $1.778.867.491, en el 2016 alcanzó los $4.482.819.785, en el 2017, dichas prescripciones sumaron $7.964.478.636, en el 2018, $6.314.090.511 y $7.547.668.631 en el año 2019.

¿Por qué se concedieron estas prescripciones? Esto encontró la Contraloría Municipal.

El informe de auditoría indica que, dentro de las competencias para expedir los actos administrativos de liquidación oficial, se encontraron inconsistencias en cuanto a que concurren las facultades de liquidación oficial del tributo, con las del funcionario que resuelve el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial del impuesto, en cabeza de la Secretaria de Hacienda.

Dentro de los hallazgos encontrados, se relaciona la falta de competencia del funcionario que resuelve el recurso de reposición contra el acto administrativo que resuelve las excepciones al mandamiento de pago. En ese sentido, la Alcaldía Municipal, manifestó que el funcionario que resuelve las excepciones al mandamiento de pago es el tesorero general, o cual considera el órgano de control, contraviene aspectos del Estatuto Tributario Nacional y causa debilidades en el proceso de cobro coactivo en cuanto a competencias. Por lo anterior se configuró un hallazgo administrativo.

Asimismo, la Contraloría manifestó que, de la revisión realizada en la ejecución de auditoría, se solicitó una relación de las causales por las cuales se concedieron las prescripciones en las vigencias objeto de estudio, determinando que por concepto de indebida notificación la entidad territorial dejó de recibir 3 mil 626 millones 59 mil 843 pesos.

Debido a lo anterior se configuró el siguiente hallazgo: El municipio de Montería durante las vigencias 2016-2019 dejó de percibir ingresos en cuantía de $3.626.059.843, porque dejó prescribir cartera de contribuyentes correspondientes a impuesto predial por indebida notificación. 

También recomendó la citada Contraloría que, dentro de las estrategias para mejorar el recaudo, se hace necesario impulsar una actualización catastral.

También pudo constatar el organismo de control, que los expedientes de cobro se encuentran archivados en físico en el archivo del Municipio de Montería, ubicados en las bodegas San Jerónimo. Informó que se evidenciaron expedientes de la vigencia 2019 sin archivar en las estanterías correspondientes, con estado de deterioro considerable.

Por último, la Contraloría evidenció otras situaciones, que considera aumentan el riesgo de los procesos del cobro del municipio: Existen expedientes en los cuales se otorgaron prescripciones; sin embargo, no se evidenció la resolución mediante el cual se concedió dicha prescripción, ni los soportes respectivos.

Lo anterior quiere decir que olímpicamente, de manera informal y por fuera de los procedimientos que obliga la ley, se concedieron prescripciones para favorecer a quienes estaban obligados a cancelar impuestos, ocasionándole un daño irreparable a las arcas del municipio durante el periodo 2015-2019.

También se pudo establecer falta de motivación de los actos administrativos que concedieron las prescripciones en los expedientes que los contienen.  ¿Quién responde por este detrimento causado al municipio de Montería?