Al término de la cumbre extraordinaria de gobernadores sobre la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE), convocada por la Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Dilian Francisca Toro y el Director Ejecutivo Amylkar Acosta, los gobernadores firmaron una declaración conjunta en la que convocan una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis del PAE y buscar una solución definitiva al problema que afecta a más de 4 millones de niños en el país.
Los gobernadores asumen el compromiso de luchar contra las mafias de la alimentación escolar que ha afectado el programa desde hace varios años, de acuerdo con los hallazgos encontrados por la Contraloría y reiteran que no se le puede trasladar la responsabilidad a las entidades territoriales sin contar con los recursos suficientes.
De acuerdo con el Director Ejecutivo de la FND Amylkar Acosta, «durante más de 40 años el Ministerio de Educación ha manejado el PAE y actualmente administra y dirige ese programa en 19 entidades territoriales».
Para la procuradora Delegada de la niñez, infancia y adolescencia, Ilva Miryam Hoyos, el Programa de Alimentación Escolar, se debería llamar «el silencio de los inocentes». Recordó que se han llevado a cabo 5 mesas trabajo y a la fecha el Ministerio de Educación no ha solucionado para la procuraduría el PAE está al borde del colapso y es inviable.
A continuación el texto de la declaración conjunta de los 32 gobernadores:
DECLARACIÓN
Los gobernadores de Colombia reunidos en la ciudad de Bogotá, realizaron una Cumbre Extraordinaria de Gobernadores con el fin de abocar la grave crisis que enfrenta la operación del PAE en todo el territorio nacional que pone en riesgo la prevalencia de los derechos de millones de niños y niñas escolares, habitantes de las poblaciones más vulnerables.
En esta sesión urgente convocada por la Presidente y el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos se manifiesta públicamente por parte de los 32 mandatarios departamentales su compromiso de hacer parte del frente común de lucha contra las mafias de la alimentación escolar, liderado por el Ministerio de Educación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, en defensa de los derechos prevalentes de los niños y niñas del país.
Buscamos soluciones inmediatas a las debilidades detectadas en todos los actores involucrados con la operación PAE, y ponemos a su disposición una Mesa de Trabajo Regional PAE para analizar los hallazgos de la Contraloría y las debilidades detectadas por parte cie todos los actores del programa, que en criterio de dicha entidad, generan que no se hayan cumplido los objetivos del PAE.
Propendemos por el establecimiento de una política pública de alimentación escolar mediante la sanción de una Ley de la República que institucionalice ésta como un asunto de interés nacional y coadyuve a garantizar los derechos de los niños, de manera diferencial, con la financiación suficiente para que sea viable y sostenible.
En este sentido, llaman urgentemente la atención del Gobierno Nacional para garantizar la transferencia de recursos de manera oportuna y suficiente para mantener las coberturas actuales y avanzar.