Operadores importados por Cristina Plazas a Córdoba siguen en el ojo del huracán.
Los nuevos operadores traídos de otras ciudades por Cristina Plazas a Córdoba, para administrar programas del ICBF siguen en el ojo del huracán, ya sea por la mala calidad de los alimentos que dan a los niños, por el atropello a madres comunitarias, a quienes no les pagan de forma cumplida y les niegan derechos adquiridos, o porque en algunos casos decidieron bajar los sueldos a docentes de los CDI.
Hicieron parte de esa legión de operadores, la Fundación Social Confuturo, entidad que tiene actualmente con el ICBF en Córdoba contratos que suman 3 mil 320 millones 144 mil 920 pesos, de acuerdo a la siguiente relación: Contrato número 82 por $1.654.642.666, el 84 por $303.163.200, número 91 por $269.006.323, el 104 por $106.587.411 y el 106 por valor de 986.745.320 pesos.
Esta fundación, traída por Cristina Plazas a dar ejemplo de eficiencia y pulcritud a Córdoba, es el operador del Plan de Alimentación Escolar en Bolívar, y acaba de ser sancionado por esa gobernación con el pago de 61 millones de pesos, por incumplimiento del contrato.
El diario El Universal de Cartagena, sobre este caso, informó: “Aunque no se menciona por parte de la Gobernación el caso específico por el que sancionan al operador del PAE, la decisión se da luego de conocerse los hallazgos hechos por la Defensoría del Pueblo, tras una inspección ocular realizada en los municipios de El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, El Guamo y San Jacinto. En las inspecciones se constató que lo que se les suministraba a los menores era una leche saborizada, un bocadillo y un pan, faltando las raciones de frutas y proteínas”.
¿Qué suerte les espera a los niños y niñas de Córdoba con este operador, seleccionado por el ICBF para administrar programas en municipios del departamento?