La Físcalía, a través de Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y CTI, ocupó 36 bienes que pertenecerían a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción en el que se desviaron dineros para la atención de la primera infancia en Córdoba.
Se trata de 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos ubicados en los municipios de Montería y Cereté. El avalúo preliminar de estos activos supera los 5.400 millones de pesos.
Las propiedades aparecen a nombre de Mariela del Carmen Peña, Jorge Luis Peña, Carlos Fernán Lázaro y Cindy Isabel Bermúdez, quienes estuvieron vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el ICBF para asistir a niños y niñas menores de cinco años y cuyo valor ascendió a 7.407 millones de pesos.
En desarrollo del proceso penal la Fiscalía estableció que los encargados de ejecutar el citado contrato se habrían apropiado de 2.705 millones de pesos.
Por estos hechos, los señalados involucrados en los actos de corrupción fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Los bienes afectados con medias cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregadosa la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
