La extinción de dominio realizada por la Fiscalía sobre cuatro bienes de Alejandro Lyons Muskus pondrá a Eugenio Lyons de la Espriella, padre del polémico exgobernador de Córdoba, a dar explicaciones ante la justicia por su presunta participación en la estrategia para ocultar la fortuna producto del saqueo al departamento.
Testigos de la Fiscalía señalaron que Lyons de la Espriella, ganadero y dueño de la Arrocera Montería Ltda., no solo sabía del desvío de dineros públicos sino que participó en los movimientos de algunos de esos recursos.
Los predios valen al menos 4.200 millones de pesos y, dicen investigadores, se compraron en el lapso de un solo año y se acudió a intermediarios para que no quedaran a nombre de su familia.
Uno de los testigos, un reconocido veterinario de Montería, le dijo a la Fiscalía que negoció la venta de los predios Delirio y El Paraíso con un intermediario identificado como Juan Carlos Bula, quien le dijo que las tierras eran para una familia de Barranquilla.
Agregó que solo el día que sellaron el negocio supo que en realidad el negocio era con los Lyons, pero que ellos habían determinado no aparecer en los papeles.
El testigo señaló que en diciembre del año pasado fue citado por Alejandro Lyons y su padre en una oficina del edificio Adamel, en Montería, y allí le dieron 1.300 millones de pesos en efectivo, en billetes de 20.000 y 50.000 pesos. La plata la entregó Eugenio Lyons, quien incluso le prestó una nevera portátil en la que escondió la plata. Días después, en la misma oficina le habrían entregado otros 3 pagos que llegaron a 510 millones de pesos. Bula Coronado, el intermediario en el negocio, ya fue escuchado por los investigadores y dijo que además de la finca Milan, cercana al sitio en donde fue encontrado el cuerpo del exdirector de regalías de Córdoba Jairo Alberto Zapa, los Lyons habían comprado otros predios incluso con precios inflados.
El hombre, que es ganadero, mencionó la compra que hicieron los Lyons de la finca El Papayo, por la que habrían pagado 800 millones de pesos, y del negocio por el predio Los Paujiles, que aún no ha sido ocupado por las autoridades y cuya tradición se está revisando.
Ninguna de estas propiedades había sido reportada por Lyons Muskus en su negociación con la justicia.
En todos los negocios, dijo el testigo, aparecía Alejandro Lyons y su padre, quien estaba al tanto de las transacciones.
La Fiscalía señala que esos tratos en efectivo, negociados con intermediarios y en los que se pedía que no aparecieran los nuevos propietarios, permiten evidenciar “todas las artimañas” que pusieron en marcha el exgobernador y su padre para adquirir bienes con dinero proveniente de la “celebración ilegal de contratos millonarios que nunca se ejecutaron”.
La Fiscalía realiza el rastreo de otros predios que estarían siendo controlados por los Lyons. Esos nuevos hallazgos podrían enredar al padre del exgobernador en un caso por lavado de activos, mientras que el exmandatario sigue libre en Miami y está pendiente de que la Corte Suprema avale un preacuerdo por el que pagaría cinco años y dos meses de prisión.
El padre de Lyons había salido salpicado en el trámite de una polémica tutela que entabló su empresa contra un mandamiento de pago de 700 millones de pesos en favor del laboratorio Novartis. En primera y segunda instancia, Lyons de la Espriella perdió los pleitos, pero a instancias del exmagistrado Jorge Pretelt la Corte Constitucional seleccionó el caso y terminó fallando en favor del empresario cordobés en el 2010.
En su momento, el magistrado Nilson Pinilla, que hacía parte de la Sala, se apartó del fallo y consideró que el mismo “no compagina con la naturaleza de la acción de tutela y además contraría la autonomía propia de los jueces de la república, el debido proceso, la solidez de la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.
Saqueo superó 40.000 millones
Aunque el exgobernador Alejandro Lyons se comprometió a devolver 4.000 millones de pesos como parte del acuerdo de colaboración con la Fiscalía, en el proceso de extinción de dominio se habla de un peculado de 40.000 millones, solo en dos contratos con fundaciones ‘fantasmas’.
También tiene procesos pendientes por el caso de los falsos pacientes de hemofilia que llegaron a la Unidad Integral de Terapias de la Costa, creada en 2014, y que según la Fiscalía cobró facturas por 1.350 millones de pesos por servicios no prestados. La gerente de la empresa era Diana Carolina Spath, familiar de Sami Spath Storino, quien también está procesado por el caso.
Texto tomado de: eltiempo.com