Según la Contraloría de Montería, Angeline Ricardo Arrazola y Milena María Correa Díaz le causaron un detrimento patrimonial al municipio de Montería por 353 millones 701 mil 269 pesos.
En la Alcaldía de Montería se decretaron nulidades irregulares en procesos de cobros coactivos.
Por. Mauricio Castilla.
La Contraloría Municipal de Montería en un proceso de Responsabilidad Fiscal que inició el pasado 27 de octubre de 2014 contra contratistas de la Secretaría de Hacienda Municipal, evidenció la existencia de actos administrativos al interior de esa dependencia, por medio de los cuales se resolvieron solicitudes de nulidades presentadas por contribuyentes en calidades de propietarios de predios, procediendo el tesorero municipal, Leonardo Andrade Hoyos, a decretar nulidades en los procesos de cobro coactivo que se adelantó contra dichos inmuebles.
Como consecuencia de los anteriores actos administrativos de declaró la prescripción del cobro de unas resoluciones, debió a que los actores alegaron que la Secretaría de Hacienda Municipal inició de manera irregular el proceso administrativo de cobro coactivo que interrumpía el término prescriptivo, toda vez que el mismo fue viciado por falta de competencia de los funcionarios que suscribieron los actos administrativos que dieron origen a los procesos.
La cartera prescrita inicialmente se dijo que era por cuantía de $567.950.696, pero de conformidad a la práctica de pruebas, se pudo determinar que los actos administrativo referenciados ascienden a la suma de $353.701.629 considerados como un presunto detrimento al patrimonio público del Estado.
En el informe del organismo de control, se señala como presuntos responsables fiscales a las señoras Angeline Ricardo Arrazola y Milena Correa Díaz, en calidades de contratistas, de la entidad conformidad con los contratos número 005-2012 y 013-2012, respectivamente, los cuales tienen por objeto la prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento al área de rentas de la Secretaría de Hacienda Municipal en los procesos de determinación, discusión y cobros adelantados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivamente.
El fallo.
La Contraloría Municipal abrió el referido proceso contra las citadas personas, en virtud a la omisión ejercida dentro de sus funciones frente al procedimiento de descuido, lo cual conllevó a la prescripción de acción de cobro de las mencionadas resoluciones, tras argumentar además que en materia tributaria no es posible decretar nulidades que se hayan alegado por fuera del término del recurso de reconsideración.
Por todo lo anterior la entidad resolvió, fallar con Responsabilidad Fiscal en cuantía de 367 millones 935 mil 357 pesos a cargo de Angeline Ricardo Arrazola y Milena María Correa Díaz, en sus condiciones de contratistas de la Alcaldía de Montería. Aclara además que contra la providencia procede el recurso de reposición.