Es de conocimiento público que el alcalde de Cotorra, Guillermo Llorente Petro, enfrenta también una demanda de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Córdoba.
Investigación La Ventana.
Al tiempo que se conoció la decisión de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de imputar y solicitar medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes y la citación a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 alcaldes más y a 3 gobernadores; en varios municipios del departamento se habló sobre la suerte de mandatarios investigados por el bloque que armaron los organismos de control para castigar a quienes hicieron mal uso de los recursos destinados a enfrentar la pandemia.
En Cotorra la Veeduría Ciudadana Sacris Publicis, espera los resultados de una queja disciplinaria radicada en la Procuraduría Provincial de Montería, contra el alcalde del municipio Guillermo Llorente Petro.
La Veeduría solicitó a dicho despacho, que se investiguen los recursos públicos invertidos en el contrato CP-002-2020 que tuvo por objeto “Suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Cotorra en atención a la emergencia del Covid-19”.
A criterio de la Veeduría hay omisión de información prioritaria para ocultar el sobrecosto de los artículos. Es oportuno informar que la queja fue remitida desde la Procuraduría General de la Nación al despacho del Procurador Provincial de Montería, Manuel Pacheco, el pasado 5 de mayo del presente año.
Tras no conocer resultados sobre dicha investigación, la Veeduría le solicitó a esa Procuraduría, actuar de forma pronta y efectiva sobre la denuncia, tras considerar que el investigado (alcalde), valiéndose de su condición de alcalde municipal y por ende ordenador del gasto, ha venido adelantando algunas actuaciones con el fin de cubrir el faltante de firmas de recibidos de las ayudas humanitarias acordadas en el contrato en mención.
“Es de conocimiento público que un equipo orquestado por la primera Dama del municipio se encuentra realizando una actividad de entrega de huesos pelados, que aprovechan para recoger firmas en unas planillas iguales a las que soportaron el contrato de entrega de mercados referenciado en este escrito”, afirma la Veeduría.
Otros contratos que ponen en tela de juicio las actuaciones del alcalde.
En Cotorra se habla mucho del contrato Número CP-005-2020, por valor de 10 millones 400 mil pesos, firmado con la Fundación Construyendo Sueños Con Sentido Social, con el propósito de “Prestación de servicios de apoyo para la organización y entrega de donaciones de ayudas humanitarias para atender la situación de calamidad derivada de la pandemia del COVID-19 en el municipio”.
Lo hicieron tan de prisa que colocaron 18 mil toneladas de legumbres (todo un exabrupto). La misma administración reconoce que fueron 18 toneladas y los beneficiarios contaron que no fueron legumbres sino verduras.
Sin embargo, surgen varios interrogantes: ¿por qué si las legumbres fueron donadas, se pidió firmas a las personas que recibían? Una fuente le contó a la Ventana desde el citado municipio, que con dichas ayudas se buscó completar las firmas que estaban pendientes para atender un requerimiento de los organismos de control, en relación a la entrega de las ayudas humanitarias objeto del contrato CP -002-2020 por valor de 142 millones 952 mil 500 pesos, suscrito con Stiven Giraldo Agudelo.
Paga su defensa jurídica con recursos públicos.
Es de conocimiento público que el alcalde de Cotorra, Guillermo Llorente Petro, enfrenta una demanda de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Córdoba. Dentro de las actuaciones del proceso se puede observar que el día 30 de enero del presente año, se surtió la contestación de la demanda por parte del apoderado del mandatario municipal, Roberto Raúl Soto Figueroa.
El 3 de marzo del presente año, se firmó el contrato Número CT-PSP-003-2020, entre la Alcaldía de Cotorra y el abogado, Roberto Raúl Soto Figueroa, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales, de asesoría, apoyo y acompañamiento jurídico al Municipio de Cotorra por valor de 43 millones 500 mil pesos.
¿Es ético que el alcalde de Cotorra le firme un contrato de asesoría jurídica al abogado que lo defiende ante el tribunal administrativo de Córdoba?