La maleza, la soledad y el letargo, se conjugan en el edificio Margui de la ciudad de Montería, donde funcionaban 10 juzgados de ejecución y descongestión , los cuales fueron cerrados a finales del pasado año 2015, dejando como resultado un trauma en el sistema judicial civil, donde aún no se sabe con claridad el destino de aproximadamente 18 mil procesos.
La parálisis de esos procesos, algo sin precedentes en la historia de Montería, está ocasionando enormes perjuicios a personas naturales y jurídicas que necesitan con urgencias los respectivos fallos definitivos. Los bogados litigantes y la población en general se encuentran sumidos en esta crisis del aparato judicial, sin que se conozcan hasta la fecha, soluciones a este grave problema.
Los profesionales del derecho, y ciudadanos, no se explican, por qué el Consejo Superior de la Judicatura, ante la magnitud del problema, no asume la solución definitiva del mismo. “Es hora que entiendan que la población monteriana aumentó y se hace necesario de manera urgente la creación de por lo menos 5 juzgados civiles permanentes, al lado de los 5 ya existentes, para que se acaben los famosos acuerdos de descongestión, los cuales paradójicamente han congestionada la justicia”, le dijo un abogado a La Ventana.
A la fecha, hay abogados y clientes que desconocen el paradero de algunos procesos, y si se conoce, ocurre que los juzgados a donde fueron remitidos, no han avocado conocimiento, y lo que es peor, durante el 2016, que ya casi termina, no se han podido cubrir títulos judiciales.