La opinión pública está enfocada en la contratación para enfrentar la COVID-19, mientras otro tipo de contratos corren por debajo de la emergencia.
Investigación La Ventana.
A pesar del aislamiento preventivo obligatorio producto de la pandemia por el coronavirus las alcaldías en Córdoba siguen gastando, no solo en actividades relacionadas con la emergencia sanitaria, sino también con asesorías y celebraciones de dudosa ejecución. La contratación no está en cuarentena.
Claro que el ejemplo lo acaba de dar el Presidente Iván Duque, quien en medio del hambre que devora a las familias humildes del país debido al aislamiento, otorgó un contrato por 3 mil 350 millones de pesos para una estrategia de posicionamiento en redes de su mandato. ¿Puede hablarle al país de austeridad después de semejante despropósito?
En medio del aislamiento, en el municipio de Chima se gastaron 23 millones de pesos para la celebración del día de la niñez desde la casa. En Sahagún van a invertir 259 millones de pesos en la prestación del servicio de transporte para los funcionarios y personal de apoyo de la administración municipal, precisamente en tiempos en que el gobierno nacional sugiere utilizar el método del teletrabajo, y en medio de una emergencia sanitaria.
En el municipio de Montelíbano, el alcalde José David Cura, legalizó el contrato de prestación de servicios número 028-2020, con la Fundación Social Para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia, Funtecol, por valor de 200 millones de pesos, con el objeto de, “Prestación de Servicios Profesionales Para Realizar Asesoría, Acompañamiento, y Asistencia Técnica a la Construcción del Plan de Desarrollo”.
Llama la atención un contrato de la Alcaldía de Lorica para la distribución de las ayudas humanitarias (mercados), es decir de servicios logístico por valor de 72 millones 960 mil pesos, con Edgardo Enrique Padilla Quiñonez, para ejecutarlo en 15 días. Lo ideal es que este tipo de contratos se realicen con empresas de transporte especial (de carga) debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte.
En este mismo municipio, en medio de las angustias económicas por la pandemia, le están pagando $39.360.000 durante dos meses a un contratista para la “Elaboración e Implementación del Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana”.
En Cotorra, la Veeduría Ciudadana, SACRIS PUBLICIS, presentó una queja ciudadana ante la Procuraduría Provincial de Córdoba con el propósito que se investiguen los recursos públicos invertidos en el contrato CP-002-2020, por valor de 142 millones de pesos, cuyo objeto fue, “Suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en Cotorra”.
La Veeduría sostiene que el contratista formal Steven Giraldo Agudelo, es sobrino del dueño y real poseedor del negocio de víveres que suministró los mercados, Luis Giraldo Aristizabal, conocido popularmente como el paisita, financiador y líder político de la campaña del actual alcalde de Cotorra, Guillermo Llorente Petro, lo cual considera la Veeduría, evidencia un claro pago de favores políticos y económicos.
En la misma municipalidad, se acaba de firmar un contrato por 50 millones de pesos con Servicios e Inversiones de Cereté, por 50 millones de pesos para llevar agua potable a zonas rurales. El asunto que preocupa es que el contrato no especifica cuántos viajes y a que corregimientos y veredas.
En Cotorra también se legalizó el contrato de prestación de servicios número CT-PSP-001-202 por valor de 60 millones de pesos para “el acompañamiento y apoyo a la Secretaría de Planeación para el proceso de estructuración, formulación, socialización y aprobación del Plan de Desarrollo”.
En un comunicado de Prensa, la Contraloría General de la República, confirmó que la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, abrió indagaciones en el municipio de Puerto Escondido, por presuntas irregularidades en dos contratos suscritos por la Alcaldía con la Fundación para el Desarrollo y la Convivencia-Fundecovi. El primer contrato fue por un valor de 101 millones 500 mil pesos, supuestamente ejecutado en dos días y el otro por 100 millones de pesos para la prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución del plan de acción, medidas de precaución, prevención y control del COVID-19.
En el municipio de Valencia se firmó el contrato número PS-07-2020 con la Fundación Para el Desarrollo Social y Sostenible de la Región Caribe, ONG, FUNDESCAR, por valor de 140 millones de pesos, con el propósito de “Apoyar a la Secretaría de Planeación Municipal en lo relacionado a la Elaboración y Formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Todos por Valencia”, por valor de 140 millones de pesos.
En San Bernardo del Viento, está en el ojo de la comunidad, el contrato número MSB-006-2020 por valor de 100 millones de pesos con el propósito de, “Suministro de material Médico Quirúrgico y material de Bioseguridad para la prevención del contagio del virus en el municipio”, cuyo contratista es la Fundación Para El Desarrollo Social y Sostenible Para El Caribe. En el contrato no se describen los materiales y equipo que debe entregar el contratista.
Llama la atención que en este municipio ya se había firmado un contrato por 24 millones 500 mil pesos con la firma INNOVA SERVICIOS S.A.S. Se trata del MSBV-005-2020 con un objeto social semejante, “Suministro y Aspersión de Elementos de Prevención, Desinfección, y Bombas con Motor Para la Prevención del Contagio del COVID-19”.
En las últimas horas se conoció la decisión de la Procuraduría Regional de Córdoba, de abrir investigación y suspender provisionalmente por 3 meses al alcalde de Tierralta, Daniel Enrique Montero Montes, por presuntos sobrecostos en un contrato de 750 millones de pesos para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria.
Otro alcalde que está en la mira de las autoridades, es el de Planeta Rica. Rubén Tamayo, debido a presuntos sobrecostos en un contrato de logística para atender la emergencia por COVID-19.
La ciudadanía la siguió el rastro al contrato 30-2020, suscrito entre la Alcaldía de Planeta Rica, y la Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia, que tuvo un valor de 85 millones, 548 mil 821 pesos, con el propósito de “Servicios logísticos para la entrega de los mercados para atender la emergencia sanitaria”. Los ciudadanos vienen denunciando presuntas irregularidades en el desarrollo del mismo.