Las mujeres negras, con edades entre los 15 y los 24 años, de estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual.
Ciudades como Medellín, Buenaventura y Bogotá tienen una prevalencia del delito por encima del 30%.
En total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual, lo que significa que anualmente, en promedio, 145.906 mujeres fueron víctimas directas, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16, cada hora.
Estas cifras son el resultado de la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, que fue realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito del 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim.
Llama la atención que el 56,6% de las mujeres encuestadas consideran que la presencia de actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el ámbito público y privado.
Encontramos preocupante que una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por arma de fuego y una de cada tres por arma blanca.
Por otro lado, un hallazgo importante es que el principal perpetrador de las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres encuestadas es un integrante de su propia familia.
Esta encuesta se realizó en un contexto nacional caracterizado por la confluencia de un conjunto de hechos como el desarrollo del proceso de conversaciones para la salida política del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), la emergencia y el fortalecimiento de las denominadas Bandas Criminales- neo paramilitarismo- y las amenazas que estas plantean a la seguridad, a las mujeres y a la implementación del “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Es necesario y urgente el fortalecimiento de la institucionalidad con responsabilidades en prevención, protección, investigación, sanción y garantías de no repetición para las mujeres víctimas de violencia sexual. A su vez, el sistema judicial debe hacer efectivo el derecho de las mujeres a una justicia pronta y eficaz, que permita superar los obstáculos que ellas tienen que enfrentar.
En el marco del post acuerdo y de la implementación del Acuerdo Final; es necesario garantizar a las mujeres víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, creando mecanismos expeditos que consulten sus realidades y necesidades.
Colombia transita hacia la construcción de la paz, en este contexto el Acuerdo se constituye en una oportunidad para que en el marco de su implementación se avance en superar situaciones que colocan a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, los bajos niveles de representación política, el poco acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda y el escaso acceso a bienes, recursos, servicios y riqueza. Estas realidades deben ser superadas para que se constituyan en factores protectores para prevenir las violencias contra las mujeres.