…la participación política de las mujeres es fundamental para profundizar la democracia, avanzar hacia el desarrollo sostenible y construir la paz. Es además un principio de justicia social que quienes constituyen más de la mitad de la población, tengan una representación significativa en los espacios donde se toman las decisiones sobre las políticas y leyes que rigen la sociedad.
Marzo es un mes que nos activa muchas reflexiones y preguntas sobre los avances en la garantía integral de los derechos de las mujeres, también es un periodo para reconocer y exaltar las luchas que los movimientos feministas han liderado durante más de tres siglos y expresarles nuestra admiración y gratitud. Pero aún con todos los avances, es necesario estar siempre alertas para continuar ampliando los derechos y evitar retrocesos.
De acuerdo con datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia en 2020, en los 125 municipios solo fueron elegidas 12 alcaldesas, lo que evidencia un gran retroceso, pues en el periodo anterior fueron 16. Lo mismo pasó en los concejos municipales que finalizan este año, donde las mujeres ocuparon el 16,8% de las curules, mientras que en el pasado lograron un 17,8%. En la Asamblea Departamental, una de las instituciones con menos participación de mujeres a lo largo de la historia, nunca se ha contado con más de dos diputadas, siendo este un espacio con 26 curules, lo que significa un 7,6% de la representación. Y un último dato: ninguna mujer ha participado como candidata para ser gobernadora desde 1992, año en el que este cargo empezó a elegirse por votación popular. Las cifras son vergonzosas, y más vergonzoso aún constatar que no solo en Antioquia vemos estas disparidades, al hablar de participación política de las mujeres la situación es similar o peor en todos los departamentos.
En la Corporación Región tenemos la convicción de que la participación política de las mujeres es fundamental para profundizar la democracia, avanzar hacia el desarrollo sostenible y construir la paz. Es además un principio de justicia social que quienes constituyen más de la mitad de la población, tengan una representación significativa en los espacios donde se toman las decisiones sobre las políticas y leyes que rigen la sociedad. El desempleo, el conflicto armado, la falta de acceso a la salud, el analfabetismo, la pobreza, entre otras vulneraciones, impactan de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas, es por esto que las soluciones que provienen del Estado deben involucrar efectivamente las propuestas, la mirada y la voz de las mujeres.