El Ubérrimo, la hacienda de Álvaro Uribe, tendría ocho hectáreas baldías que no han sido devueltas a la nación.

En medio de un intrincado y lento proceso de titularidad, el predio sigue formando parte de la hacienda del exmandatario y explotado por la empresa que administra su esposa, Lina Moreno.

La hacienda El Ubérrimo no deja de llamar la atención pública. Esa basta extensión de más de 1.500 hectáreas en Córdoba, donde pasa sus días el expresidente Álvaro Uribe, es centro de polémicas, investigaciones y desde hace varios años de la posible apropiación de lotes baldíos para su expansión.

El más reciente caso se trata de predio conocido como Laguito 2, que revivió el periodista Daniel Coronell este domingo en una columna en Revista Cambio, en la que alertó que pese a las múltiples publicaciones, el caso sigue engavetado en la Agencia Nacional de Tierras y no avanza.

De acuerdo con la publicación, se trata de lotes baldíos que Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., empresa administrada por Lina Moreno, esposa del expresidente Uribe, debe devolver a la nación, pero la decisión permanece engavetada hace más de 17 meses.

Todo se remonta a antes del 2020, aunque la historia se conoció en ese año por una investigación de Juan Pablo Barrientos en la revista Vorágine, que logró inicialmente abrir al público el proceso judicial que se encontraba catalogado, sin razón alguna, como “privado” en un juzgado del municipio de San Carlosen Córdoba.

Allí, se determinó que la empresa de la exprimera dama (y el expresidente) había iniciado una demanda por “prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio”, es decir, por posesión, porque desde hacía siete años habían explotado el predio de manera ininterrumpida y pacífica, además, pagaba el predial.

Los abogados de los Uribe Moreno aseguraban que existía una falsa tradición sobre el predio. Es decir que constaba bajo la titularidad de unas personas que realmente no lo poseían. Sin embargo, cuando el proceso llegó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se enredó porque si bien tenían razón, el titular era el Estado porque se trataba de un baldío.

Según explicó Barrientos, al ser un predio baldío rural le correspondía a la Agencia Nacional de Tierras su adjudicación. Se trataba de un bien imprescriptible sobre el que no procedía la prescripción adquisitiva por dominio y la entidad era la competente entonces de adjudicarlo, pero para hacerlo se deben cumplir requisitos.

De acuerdo con Coronell, la ANT solo puede entregar baldíos de la nación a “comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos”. Categoría en la que no entrarían los propietarios de una hacienda de más de 1.500 hectáreas, como la ha descrito el propio Uribe.

En ese sentido, la ANT debió reclamar el predio que consta de unos 80.000 metros cuadrados y unos 3.400 de mejoras y anexidades, según Vorágine. Pero el proceso a la fecha no tienen ningún avance para que el Estado restituya su dominio.

La versión de los Uribe respecto al predio es diferente. A través de un comunicado del abogado Javier Mendoza Lara en septiembre de 2020, sostuvieron que existen certificados de titulares de dominio desde 1960 que indicarían que el predio es de naturaleza privada y podría ser sujeto de una reclamación por posesión.

De acuerdo con lo reconstruido por Vorágine, el predio ha tenido varios dueños en escritura pública, pero sin títulos de propiedad. Primero por parte de Eunice del Castillo que lo vendió en 1991 a la familia Salcedo Mendoza, esta última a la que los Uribe le habrían comprado la tierra.

De certificarse esos titulares ante la oficina de registros públicos, se podría sanear el predio. Es lo que esperan los abogados del Ubérrimo. Sin embargo, la posición no coincide con la decisión previa de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cereté, que asegura que no ha habido saneamiento desde el origen de la propiedad y por tanto el predio corresponde a la Nación y, en ese caso, debe ser restituido.

Tomado de: infobae.com

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