Por: Mauricio Castilla Castro y Oswaldo Marchena Mendoza
No le queda bien el “Show” de tomarse fotos con los niños de una comunidad, a quienes el ICBF no ha tenido la capacidad institucional de quitárselos a las garras del hambre.
Se toma fotos con los niños wayú, tratando de proyectar una imagen de protectora de esas comunidades, pero las cifras indican que en lo que va corrido del 2016 van 36 niños muertos por desnutrición en la Guajira (de hambre), cifra que cuando relaciona a los menores de 5 años que han muerto por la misma causa en el país, llega a 100 niños y niñas, un dato descomunal que evidencia la ineficiencia del Estado ante el problema.
A Cristina Plazas Michelsen, directora Nacional del ICBF, no se le pueden echar todas las culpas por esa tragedia, pero sucede que es ella quien maneja la chequera del Estado para combatir y prevenir la desnutrición de los niños en Colombia; además no le queda bien el “Show” de tomarse fotos con los niños de una comunidad, a quienes el ICBF no ha tenido la capacidad institucional de quitárselos a las garras del hambre. Pese a las medidas cautelares decretadas por la CIDH para la protección de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades wayú, esos niños se siguen muriendo de hambre.
Su paso por el Concejo de Bogotá.
En la hoja de vida de Cristina Plazas Michelsen, aparece que fue elegida concejal de Bogotá para el periodo 2004-2007, y ello es verdad; pero algo que debería explicar en la misma, es que los votos que en aquella oportunidad obtuvo no fueron suficientes para llegar al concejo de la capital a nombre de su partido Cambio Radical, y que si logró colarse a dicha corporación fue gracias a un tecnicismo jurídico que sacó al concejal Juan Sánchez, y ello permitió que Plazas Michelsen, quien seguía en orden de votos en la lista, obtuviera en el Consejo de Estado la curul que no logró en las urnas.
Entonces fue tan gris el trabajo de Cristina Plazas en el Concejo de Bogotá, que cuando volvió a aspirar para el periodo 2008-2011, no recibió el apoyo de los capitalinos, y como en las primeras elecciones se volvió a quemar, solo que en dicha oportunidad no se cayó la elección de algunos de los concejales de su partido para volver a integrar el concejo de la capital.
Mientras habla de combatir corrupción, en ICBF contrataron operadores, que en sus informes resultaron mal evaluados.
La Ventana conoció el memorando S-2015-5263110101, firmado por la entonces, Directora de Primera Infancia, del ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, dirigido a directores y directoras regionales, el cual dice textualmente: Para el ICBF es de gran importancia la calidad en la atención a la primera infancia, es por ello, que durante la vigencia 2015 se implementó un esquema de supervisión que ha permitido conocer de primera mano, el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad en las UDS y EAS. A partir de lo anterior, cada Regional ha realizado las acciones necesarias para garantizar la adecuada participación del servicio. El documento remata relacionando el listado de las Entidades Administradoras de Servicios, clasificadas por regional, que no cumplen con el 100% de las condiciones mínimas de calidad para la prestación del servicio.
La Ventana encontró en el anterior informe, algunas Entidades Administradoras de Servicios, que no cumplieron con el 100% de las condiciones mínimas de calidad para prestar el servicio en el año 2015, y sin embargo fueron contratadas en el 2016: Fundación de Atención a la Niñez Fan, con 6328 cupos; Gobernación de Antioquia, con 59.181 cupos; Corporación Abrazar, con 602 cupos; Fundación Barranquilla Solidaria, Funbasol, con 5.121 cupos; Caja de Compensación Familiar de Arauca, con 300 cupos; Fe y Alegría de Colombia, con 8.200 cupos; Cooperativa Multiactiva de Asesorías, Servicios de Salud y Trabajo Comunitario, Coopsaludcom, con 9.928 cupos, Colsubsidio, con 5.703 cupos, Cafam, con 1.152 cupos; Fundación Nueva Era Ecológica, con 5.860 cupos, Fundación Guajira Naciente, con 3.953 cupos y La Cooperativa de Bienestar Social Cobienestar, con 6.822 cupos.
La Ventana tuvo acceso a informes del propio ICBF, donde se relacionan Entidades Administradoras de Servicios no recomendadas a contratar en el 2016 por resultados de supervisión en visitas a Unidades de Servicio en el año 2015: Fundación Barranquilla Solidaria, Funbasol; Fundación Futuro Social, y Fundación y Desarrollo Malambo.
A pesar de ello, Funbasol aparece en el 2016, con los contratos, 08-117-2016, por valor de $1.135.932.123; el número 08-150-2016, por valor de $2.078.547.232 y el número 08-300-2016, por $424.725.525, para un total en el 2016 de $3.639.204.880, a pesar de esta fundación haber resultado mal librada en las evaluaciones del ICBF.
Otra mal evaluada, pero con buenos contratos, es la Fundación Futuro Social, con el número 08-217-2016 por valor de $128.917.633 y el contrato 08-301-2016 por valor de $54.607.568, para un total de 183 millones 525 mil 210 pesos.
Asimismo, La Fundación Progreso y Desarrollo de Malambo, recomendada por funcionarios de ICBF para no contratar en el 2016, obtuvo el contrato número 08-142-2016 por valor de $708.819.445 y el 08-182.2016 por valor de $263.072.000, para un total de 971 millones 891 mil 445 pesos. La Fundación Julio Verne, también fue recomendada por el ICBF para no contratar en el 2016; sin embargo, encontramos el contrato número 08-274-2016 por valor de 194 millones 403 mil 200 pesos.
EAD no recomendadas para contratar en del 2016, por quejas o denuncias validadas por el equipo de supervisión de la dirección de primera infancia 2015.
Dentro de estas Entidades Administradoras de Servicios, encontramos a las fundaciones, Prodesarrollo Comunitario, FUNPRODEC y Fundación Proyecto Nuevo. FUNPRODEC tiene el contrato 08-291-2016 por valor de $312.948.725, y la Fundación Proyecto Nuevo, aparece con los contratos número, 08-124-2016, por valor de $1.156.339.549; el 08-162–2016, por $1.387888.667 y el 08-267-2016 por $65.539.000, para una fundación que resultó no recomendada para contratar según informes internos del ICBF.
Contrato de operadores sin el lleno de los requisitos.
A la Fundación Campo Verde, integrante en un 50% del consorcio (Mi Comidita), que intoxicó niños en Montería, le dieron un contrato de aportes con el ICBF el pasado 16 de octubre, donde el instituto aportó $1.192.304.000. Es oportuno recordar que al momento de la celebración del citado contrato, la Fundación Campo Verde no contaba con la experiencia en atención a primera infancia, debido a que su experiencia solo estaba concentrada, a través de la Alcaldía de Montería, en el programa PAE, el cual solo contempla entrega de ración alimentaria en caliente a población beneficiaria, pero no incluye en el desarrollo del programa el componente de educación inicial y/o servicios educativos en el nivel de preescolar, tal como se exigió en el pliego de condiciones del ICBF de las convocatorias públicas 2014.
Los “rajados”, que volvieron a contratar en Córdoba.
A la Asociación El Prado, que venía mal calificada por el equipo de supervisión de Primera Infancia del ICBF, debido los servicios que venía prestando durante el 2015, recibió iniciando el 2016 contrato en la regional Córdoba por $82.518.934; al Cabildo Mayor Regional Zenú, que venía mal calificado por los servicios prestados en Sucre, le dieron contratos por el orden de $12.050.922.600. La Fundación de Atención a la Niñez FAN, que no fue recomendada para contratar por quejas y denuncias, fue beneficiada con $6.129.014.702 en contratos, y la Fundación Las Golondrinas, que aparece mal calificada en un informe interno del ICBF por los malos servicios prestados en Antioquia, obtuvo contratos en la regional Córdoba por $9.681.044.506.