“Los rectores de las Instituciones Educativas de Montería navegan en un mar de impunidad, ante la inoperancia de este ente de control”.
Por: Mauricio Castilla Castro:
@pulsodeltiempo2
Sin pena ni gloria terminará su periodo como Contralora de Montería, María Cecilia Frasser, de quien los monterianos esperaban más acciones y resultados. El pobre balance de la funcionaria señala que entre los años 2020-2021 solo realizó 17 auditorías, las cuales arrojaron 1 hallazgo fiscal por $3.626 millones, 132 administrativos, 7 disciplinarios y 1 sancionatorio. ¿Justifica esa pírrica gestión el sueldo de más de 15 millones de pesos que recibe?
De acuerdo a la respuesta a un derecho de petición que presentó este medio a la Contralora, las auditorias permitieron establecer 3 hallazgos administrativos en la Secretaría de Hacienda, 6 en la ESE Vida Sinú, 3 en el Cuerpo de Bomberos Oficial de Montería, 6 en los estados contables del Municipio de Montería, 47 en la Alcaldía de Montería (uno de ellos con incidencia fiscal por $3.626 millones), 4 en el contrato de Concesión de ELEC y 4 en la Personería de Montería.
Es oportuno recordar las palabras de la Contralora al momento de conocer su elección: al parecer esas palabras se las llevó el viento: “Este es un ente de control que debemos valorar y que debemos fortalecer. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad y esto es algo con un compromiso con la comunidad. La ciudadanía podrá contar con una persona que en todo momento actuará con verdadera independencia y con mucha seriedad en cada una de sus decisiones”.
Archivo de investigaciones que generar dudas.
Después de haberse realizado una auditoría especial en la Institución Educativa, Robinsón Pitalúa, donde se encontró un “Presunto Hallazgo con Incidencia Fiscal”, donde el presunto responsable es el rector de la Institución, Jorge Acosta, llama la atención que al final de todo el proceso el mismo fue archivado, después de un año de haberse presentado la denuncia.
El informe inicial de la Contraloría Municipal, sostiene que “En la revisión realizada por el grupo especial no se evidenció soporte de ejecución de los contratos Número 002 y 004 suscritos por la I.E Robinsón Pitalúa; asimismo se evidenció sobrecostos en el valor unitario por el que se adquirieron la reproducción del material pedagógico impreso”.
A pesar de estos señalamientos y de las pruebas recaudadas el proceso fue archivado por el mismo ente de control.