Exigen revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el ICBF y han cumplido estándares de calidad lo continúen haciendo en el manejo de los recursos de los niños y niñas.
Por. Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob
De nuevo las madres comunitarias a las calles, esta vez el corazón de la protesta tiene que ver con un pliego de peticiones que la radicaron al gobierno nacional el pasado 29 de diciembre de 2015, y que hasta el momento no ha sido atendido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los aspectos más importantes de las peticiones son:
La vinculación con contrato a término fijo va en contra de la estabilidad laboral de las madres y se presta para realizar un manejo clientelar por parte de operadores privados y centros zonales que eligen a dedo las madres que contratan y las que no. Esta incertidumbre todos los años y el continuo cambio de personal va en contra del buen desarrollo de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo con los niños y niñas, así como la continuidad y experticia que tienen las trabajadoras para el desarrollo del programa. Adicional a esto todos los años en enero se presentan inconvenientes con el pago de la seguridad social, lo cual vulnera el derecho a la salud de nuestras madres enfermas.
La madres enfermas y mayores de la edad permitida para trabajar siguen prestando sus servicios sin garantías reales que las respalden en la búsqueda de un retiro laboral digno y con todos los presupuestos legales que se les adeudan por más de 30 años de trabajo.
Afectación por parte del ICBF a asociaciones de padres y madres de familia y la atención brindada a sus hijos por la instauración del Banco de Oferentes en el año 2016, sin capacitación previa para poder realizar el correcto registro, lo cual generó la salida de muchas asociaciones que venían prestando el servicio con calidad y excelencia. El ICBF no brindó las herramientas para que se realizara la correcta inscripción en este registro, a pesar de contar con todos los requisitos y de buena calificación del servicio. Esta arremetida del ICBF va en contra de las madres porque los operadores privados o Entidades Administradoras del Servicio que sí contrataron no han respetado la estabilidad y continuidad de las madres (muchas de ellas con edad de pensión y enfermas), lo que las tiene en este momento desempleadas y por fuera del programa.
El presupuesto que reciben los CDI y Modalidad Familiar sigue siendo mejor que los de los Hogares Comunitarios y Fami tradicionales. Por lo que es discriminatorio para los niños y niñas que reciben una atención diferencial y que vulnera sus derechos.
Las exigencias.
Vinculación con contrato a término indefinido directamente con el ICBF para todas las modalidades que laboran en los programas de primera infancia y adolescencia, que permita la estabilidad laboral de las madres trabajadoras y que dé continuidad entre diciembre y enero para el pago de este último mes bajo contrato laboral y todas las prestaciones que representa, así como la certeza de contar todo el año con seguridad social.
Pensión digna que abarque todos los años en los cuales se prestó el servicio a la primera infancia y adolescencia, independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre. Revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el ICBF y han cumplido estándares de calidad lo continúen haciendo en el manejo de los recursos de los niños y niñas. Para ello se exige que todas las asociaciones que contrataron en el 2015 lo hagan actualmente para no generar más traumatismos en la atención de los niños y niñas y se brinde la capacitación necesaria para fortalecer administrativamente las asociaciones y capacitar a sus integrantes en la correcta administración de los recursos para poder garantizar la calidad del servicio.
Igualdad presupuestal en términos locativos (arriendo) y de canasta para los programas tradicionales frente a la estrategia de cero a siempre. Frente a este punto, se rechaza deliberadamente la propuesta de Bienestar Familiar de los programas de hogares integrales, por vulnerar la privacidad y la propiedad privada, por eso se exige la equidad presupuestal, con garantías reales sobre los inmuebles de las madres y garantía por supuesto de una igualdad laboral. Exigen que la modalidad Fami no atienda por fuera de su casa, y además se cubran para HCB, HI y HCB Fami todos los rubros necesarios para alistamiento como pintura, adecuación, auxiliar operativo, entre otros, que permita que las modalidades tradicionales puedan brindad una atención gratuita.
Las Madres Fami deben tener la opción de trabajar tiempo completo y continuar con su calidad de madre comunitaria tradicional Fami. Adicional a esto, argumentan que debe existir igualdad entre el complemento alimenticio que se entrega para la Modalidad Fami con el entregado en la modalidad Familiar. La contrapartida exigida a las asociaciones en la vigencia 2016 debe ser eliminada, y las asociaciones y operadores que firmaron este año el documento entregado no debe afectar el salario o prestaciones sociales de las madres y trabajadoras.
En consonancia con el memorando emitido en el mes de febrero en el cual se expresa la obligatoriedad de vinculación de las madres comunitarias para los operadores, se rechaza deliberadamente la disposición del párrafo 3° en el cual se da la disposición clara de que las madres comunitarias transitadas a modalidad familiar y CDI, por el hecho de pasar a los programas de “0 a siempre” pierden la calidad de madre comunitaria. Ante esto solicitan que se retire este mandato expreso por parte del ICBF y se respeten los derechos adquiridos de las madres transitadas, manteniendo su estatus de madre comunitaria.
Las madres sustitutas deben ser cubiertas en su totalidad por parte del ICBF en los montos correspondientes a salud y pensión.