Una puja entre el Concejo y la Alcaldía de Montería, mantiene en vilo la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Presupuesto para la vigente del año 2023. A tal punto que un Juzgado de la localidad admitió una tutela y ordenó al alcalde Carlos Ordosgoitia, no aprobar el proyecto a través de decreto.
Dice el Juzgado Primero Civil Municipal que el accionante solicitó como medida provisional que busca evitar un daño económico y presupuestal a nivel municipal en Montería, como consecuencia de presuntas futuras expediciones de Decreto de adopción del presupuesto para la vigencia fiscal 2023. El juez es Fidel Segundo Menco Morales.
La entidad judicial precisa que se alega como argumentación la aplicación del artículo 49 del Acuerdo Municipal 015 de 2014, que requiere declarar la Medida Provisional en la que se ordena a la Alcaldía de Montería y al Municipio, se abstenga de expedir decreto bajo causal del artículo ya citado.
El alcalde Carlos Ordosgoitia había decidido retirar la mencionada iniciativa para aprobarlo por decreto; pero la admisión de acción de tutela, por parte de un Juzgado, impediría que el mandatario cumpla esa función. El accionante es el concejal Andrés Negrete Bonilla.
La historia comenzó el 10 de octubre pasado cuando la Alcaldía radicó, ante la Secretaría del Concejo, el citado proyecto de Acuerdo. Luego del traslado del proyecto a la Comisión de Presupuesto, por parte del presidente de la corporación Billy Soto, fue socializado el mismo, del primero al 3 y del 21 al 24 de noviembre.
En esa comisión se dieron cuenta que se hallaba incompleta la solicitud de aprobación por falta de información “pertinente y conducente”, necesaria para dar inicio al debate público en el cabildo monteriano, según expresa la tutela presentada.
La acción de tutela presentada señala que la alcaldía habría omitido dar contestación oportuna a las solicitudes de aclaración y corrección remitidas por el secretario del Concejo. Con lo que se debía dar trámite oportuno al debate y votaciones en plenaria para la aprobación del proyecto.
Se pretendería con ello, crear una situación administrativa para intentar justificar la expedición del decreto, sin el agotamiento del debate público ante el Concejo de Montería.