El lío que se le formó al alcalde de San Bernardo del Viento, Mauro Oliveros, por terminar de forma anticipada el contrato de operación de agua, alcantarillado y aseo.

El alcalde de San Bernardo del Viento, Mauro Oliveros, se suma a los mandatarios que privatizaron el agua.

Mauro Oliveros, alcalde de San Bernardo del Viento, presenta como gestión en su primer año de mandato, haberle quitado la operación del agua a los comunales para entregársela a un operador privado. En el desarrollo del proceso de privatización del agua se apartó de la ley como consecuencia de ello se vendrá un incremento exorbitante de tarifas en el municipio.

En un comunicado de prensa del actual operador, Aguas del Viento, señaló, “Desafortunadamente el respeto a la ley no es lo que ha efectuado la Administración Municipal en desarrollo de nuestro contrato, y menos aún para declarar la terminación del mismo”

“Lamentablemente el alcalde, Mauro Oliveros Genes, ha prevaricado como servidor público, al apartarse abiertamente de la ley, lo cual se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, debido a que a través del alcalde encargado, David José Rojas Muñoz, el 23 de octubre de 2020, emitió una resolución, mediante la cual dispuso la terminación unilateral del contrato de operación, y que solo fue notificada legalmente el primero de diciembre de 2020, y contra la misma procedía hasta el 17 de diciembre de 2020 los medios legales de impugnación y que se interpusieron el pasado 17 de diciembre y correspondieron a 11 intervenciones de terceros (1 por cada trabajador de la empresa) y un recurso de reposición radicado una primera parte en físico y una segunda parte por correo electrónico”, aduce el comunicado de Aguas del Viento.

Sostiene Aguas del Viento que las 11 intervenciones de terceros fueron rechazadas de forma irregular por la Alcaldía y que sobre el recurso de reposición no se ha dado cumplimiento por parte de la Administración Municipal en el sentido de resolver dicho recurso.

Por lo anterior, considera Aguas del Viento, que la decisión de la Alcaldía de terminar el actual contrato de operación (vigente hasta el 24 de noviembre de 2022) no se encuentra en firme.

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