Una auditoría de la Contraloría Departamental a Aguas de Córdoba, sobre el manejo de los recursos de la entidad, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, concluye que se establecieron 7 hallazgos administrativos de los cuales, dice de forma pasiva el ente de control, “dos presentan presunta connotación fiscal por valor de $1.041.521.689.
El equipo de técnicos que realizó la evaluación o no tiene la capacidad para concluir que los citados hallazgos representan connotación fiscal, o utiliza de forma intencional la palabra “presunta” para tender una cortina de humo y ocultar la gravedad de lo encontrado en el ejercicio de la mencionada auditoría.
En acueducto de zona costanera obras actuales son inferiores a los pagos realizados.
El citado informe se refiere al contrato Número 010 de 2014, cuyo objeto es la construcción del sistema de Acueducto Regional Costanero para los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas, cuyo valor es de $41.165.912.114, y el plazo es de 18 meses, lo cual indica que como el acta de inicio se firmó el 6 de noviembre de 2014, el mismo se deberá entregar el 5 de mayo de 2016.
Sin embargo una inspección técnica de la comisión auditora al estado de la obra evidenció que el contrato presenta un avance en ejecución del 57.89% y que se han realizado 20 pagos por cuantía de $24.352.180.649 equivalentes al 59.15% del valor total del contrato, por lo cual concluye la Contraloría General de Córdoba que los pagos realizados por actas parciales de avance de obras son superiores al porcentaje de ejecución del contrato. En términos porcentuales la diferencia es de 1,26% que en valor constante equivale a la suma de $518.690.492.
Sobre este informe del acueducto costanero, considera la citada Contraloría, que el valor de $518.690.492, “debe ser considerado como un presunto detrimento patrimonial, por cuanto se le ha cancelado al contratista la suma antes indicada sin tener avances significativos en las obras realizadas, lo cual se traduce en una conducta antieconómica para los intereses de Aguas de Córdoba”.
El ente de control vincula como presuntos responsables a la gerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cecilia Cabrales Solano, al Representante Legal del consorcio Soluciones Hidráulicas de Córdoba, Luís Vladimir Peñaloza Fuentes, y a los integrantes del consorcio, quienes responderán fiscalmente por las presuntas connotaciones fiscales del citado contrato.
Inconvenientes para cumplir plazo de entrega de acueducto regional La Doctrina en Lorica.
Al revisar el contrato número 014 de 2014, que tiene por objeto la optimización del sistema de acueducto regional La Doctrina del municipio de Lorica por valor de $2.376.505.443, con un plazo de ejecución de 6 meses, celebrado entre Aguas de Córdoba y el consorcio La Doctrina 2014, representado por Elías David Aruachan Torres, se encontró que el contrato se suspendió el 17 de enero de 2015, con el argumento de revisar los diseños para extender las redes de distribución hacia otras veredas que no estaban previstas y realizar un ajuste al diseño de la captación para que este funcione de manera eficiente con el acueducto regional que se pretende optimizar.
Los ajustes a los diseños propuestos fueron realizados en 6 meses, sin embargo sostiene el informe de auditoría, que a la fecha de la visita y revisados los informes de interventoría se evidenció que el contrato presenta un avance del 20%, lo cual indica que no se va a lograr su ejecución en el plazo contractual estipulado.
De otra parte, la Contraloría Departamental logró establecer que al contrato se le han realizado pagos por cuantía de $1.006.738.633, equivalente al 42% del valor total del mismo, por lo cual se puede concluir que los pagos realizados por actas parciales de avance de obras son superiores al porcentaje de ejecución del contrato correspondiente al 20%, es decir que en términos porcentuales la diferencia es de 22%, que en valor constante equivale a la suma de $522.831.197, valor “que en concepto de esta auditoría debe ser considerado como un presunto detrimento patrimonial”.
Estos son solo dos de un grupo de contratos auditados por la Contraloría General de Córdoba, donde se nota un esfuerzo técnico para lavar las culpas de Aguas de Córdoba. Sería bueno saber ¿a qué conclusiones llegarían los técnicos del citado ente de control si auditan las obras de acueducto en los Pericos, y en las veredas La Esperanza, Santafe y Tres Bindes?