Preocupa que la máxima autoridad disciplinaria del país realice afirmaciones apasionadas en los medios de comunicación.
Sobre las imprecisas e infusas declaraciones del Procurador General FERNANDO CARRILLO ROJAS y del Viceprocurador, JUAN CARLOS CORTES, que aluden a una investigación por un nuevo »cartel» al que ellos han denominado el »cartel del sida», pongo de presente que esto lo que refleja es la animadversión del Ministerio Público contra mí persona , toda vez que, contrario a la misión constitucional asignada a esa entidad, de velar por los derechos de las personas, lo que se observa es un ensañamiento contra EDWIN BESAILE FAYAD, al ventilar asuntos de posible corrupción sobre hechos que no han sucedido durante mi mandato iniciado el 1 de enero de 2016.
De manera categórica indico que, desde enero de 2016 no se ha efectuado, desde la Gobernación de Córdoba, un solo pago por concepto de prestación de servicios a pacientes que padecen VIH, en primer lugar porque dichos pagos desde el año 2012 hasta la fecha, están a cargo de las EPS ‘s y adicionalmente porque desde el 17 de junio de 2016 el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, suspendió el giro de los recursos NO POS al departamento de Córdoba, por lo que materialmente es imposible efectuar cualquier desembolso a una entidad pública o privada por ese concepto, como tendenciosamente lo quiere hacer ver el Ministerio Público.
Preocupa que la máxima autoridad disciplinaria del país realice afirmaciones apasionadas en los medios de comunicación, utilizando nombres propios, causando un daño irreparable en este caso, a mí familia, mi persona y a una administración , por eso insto a los mencionados funcionarios para que indaguen en la Gobernación de Córdoba y verifiquen si desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, se han efectuado pagos por concepto de atención a pacientes de VIH, y de la misma manera publiquen los resultados de sus investigaciones, a través de los medios de comunicación y redes sociales que han utilizado.
Este tipo de actuaciones pretenden confundir a la opinión pública, con el fin de justificar la débil decisión jurídica que se tomó al suspenderme provisionalmente, en forma arbitraria, del cargo de gobernador del departamento y otras que seguramente vendrán en mi contra. Lo que me resta esperar es que ahora todo lo que le encuentren a las anteriores administraciones también pretendan endilgármelo a mí.