Llama la atención que las autoridades exigen condiciones de seguridad para quien no garantizó la vida
La justicia sigue cojeando en el caso del joven Camilo Valencia.
A los familiares del joven Camilo Valencia, no solo les ha tocado asumir con mucha fortaleza el drama de verlo postrado en una cama; además libran otra batalla contra la EPS e IPS Saudcoop para determinar con exactitud que pasó en aquella cirugía donde trataron una simple apendicitis y terminó con los resultados negativos que afectaron la salud de Camilo.
Este medio conoció que forenses privados contratados por la familia de Camilo, están terminando una rigurosa investigación donde todo apunta a que en aquella cirugía hubo mala práctica médica por parte del personal que atendió el mencionado procedimiento.
La historia.
Camilo Valencia, un joven monteriano de 17 años, estudiante de 11 grado del Gimnasio Valle Grande, ingresó en junio del año pasado con fuertes dolores a la clínica Saludcoop de Montería, luego de recibir los respectivos calmantes fue devuelto a su residencia.
Al no soportar el dolor, volvió a urgencias, donde tras una atención más rigurosa, le informaron a sus familiares que padecía un `problema de apendicitis y que por ello debía ser intervenido quirúrgicamente.
Sin embargo, cómo estamos en Colombia, donde el sistema de salud está al servicio de los inversionistas y no de los pacientes, el joven tuvo que esperar 6 horas para la cirugía porque no había quirófano disponible. Llama la atención que en uno de esos quirófanos estaban realizando un procedimiento estético.
El paciente se agravó, la cirugía no salió bien, y hoy se encuentra en estado vegetativo.
La lucha por recibir los medicamentos necesarios.
En medio del dolor que les causa ver a Camilo postrado en una cama, los familiares han tratado por todos los medios posibles que Saludcoop les brinde los medicamentos y atención profesional necesaria para garantizar el mínimo vital de Camilo, algo que hasta el momento no ha sido posible.
Mediante una tutela, el abogado de la familia de Camilo, José Javier De La Hoz solicitó que se le prestara la debida atención profesional, así como el tratamiento médico necesario y la entrega oportuna de las medicinas, pero como ello no se cumplió, el abogado solicitó la detención de Raad de la Ossa por incidente de desacato.
La orden de arresto contra Gustavo Raad De la Ossa es por no brindar la atención médica necesaria y garantizar ese mínimo vital al joven Camilo Valencia. Adriana Otero García, Juez Segundo Civil Municipal, ordenó desde el pasado 30 de junio de 2015 la sanción con pena de arresto de 5 días, providencia que hoy cuenta con la confirmación en consulta del superior jerárquico, juez primero civil del circuito de Montería.
El pasado 15 de septiembre de 2015 el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Jesús Díaz le contesto a la juez Adriana, “Teniendo en cuenta la solicitud formulada mediante el oficio de la referencia , me permito informarle de manera atenta y respetuosa a su señoría, que si bien es cierto la Policía Nacional está en la obligación de colaborar con la rama judicial cuando la privación de la libertad sea ordenada por una de sus autoridades, igualmente lo es que en el caso solicitado referente al arresto del señor Gustavo Raad De La Ossa, el mismo debería ser conducido a un lugar idóneo, donde no pueda ser retenido o encerrado con otras personas que puedan ocasionarle riesgos ocasionales o con personas capturadas por infracción a la ley penal, situación que no es posible garantizar en instalaciones en esta Metropolitana de Policía.
Llama la atención que las autoridades exigen condiciones de seguridad para quien no garantizó la vida. Cómo la orden de arresto no se ha cumplido, la juez, el pasado 16 de septiembre le ofició al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación seccional Córdoba, para que cumpla dicha procidencia
El gerente de la Corporación IPS Saludcoop también le “mama gallo “a la justicia.
Hasta ahora la familia de Camilo y el abogado Javier de la Hoz no han podido acceder a la historia clínica del caso, tras varias solicitudes a la IPS, acudieron también a la justicia mediante otra acción de tutela, la cual no fue cumplida por el gerente de entidad prestadora de Salud, Martín Negrete Ávila, quien trató de engañar al juez haciendo llegar no la historia clínica, sino una Epicrisis (resumen de la misma).
Por lo anterior el Juzgado Tercero Penal Municipal dispuso darle cumplimiento al auto de desacato del 3 de agosto de 2015 y confirmado por el juez de consulta, ordenando el arresto por el término de 30 días de Martín Negrete Ávila en calidad de representante legal de la Corporación IPS Saludcoop, el cual se le impuso por incumplimiento del fallo de tutela del 12 de junio de 2015, mediante el cual se ampararon los derecho invocados por la señora María Altamiranda Ramos (mamá de Camilo) y le pide materializar dicha orden.
Esta orden de arresto la tiene el CTI, pero llama la tención que dicha entidad argumenta que no la hace efectiva porque el señor Negrete Ávila se encuentra hospitalizado en la misma IPS, y que sólo lo capturan si lo ven en la calle.
Conclusión, dos altos funcionarios de Saludcoop con órdenes de arresto vigente, andan libres por la ciudad sin ningún problema, mientras más pacientes son víctimas de la mala práctica médica en dicha EPS.